El gobierno de Colombia reforzó el esquema de seguridad de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, luego de que denunciara amenazas de muerte y ataques contra su campaña a pocas semanas de las elecciones del 31 de mayo. Las autoridades confirmaron que se investigan mensajes intimidatorios y la vandalización de una sede política en Bucaramanga, hechos que han generado rechazo transversal en el escenario político colombiano.
De acuerdo con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), se decidió fortalecer las medidas de protección personal y los anillos de seguridad alrededor de la candidata, al tiempo que la Fiscalía General abrió una investigación penal para identificar a los responsables de las amenazas. La Defensoría del Pueblo también emitió un pronunciamiento en el que recordó que el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la participación política de las mujeres y advirtió sobre el deterioro del clima de seguridad en plena contienda electoral.
Valencia agradeció públicamente los gestos de solidaridad de distintos sectores, incluidos dirigentes oficialistas, pero advirtió que estos hechos demuestran que “no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral” y reiteró que mantendrá su agenda de campaña en las regiones. Expertos citados por la prensa local han señalado que el episodio se produce en un contexto de aumento de la violencia política y de presencia de grupos armados ilegales, lo que eleva las alertas sobre la seguridad de los candidatos y la necesidad de que el gobierno asegure condiciones plenas para unas elecciones competitivas.