La ONG Foro Penal aseguró que menos del 25% de las excarcelaciones realizadas este año en Venezuela están vinculadas a la Ley de Amnistía aprobada en febrero, desmontando así la narrativa oficial sobre el alcance real de esa medida. Según los registros de la organización, solo 24,21% de las liberaciones se han tramitado bajo esa legislación, pese a la propaganda gubernamental que presenta la amnistía como una herramienta masiva de reconciliación.
De acuerdo con el balance difundido por Foro Penal, desde el 8 de enero de 2026, cuando el gobierno anunció un proceso de liberaciones, se han producido 786 excarcelaciones documentadas, pero apenas 186 corresponden formalmente a la Ley de Amnistía. El resto se ha ejecutado mediante otros mecanismos, como cambios de medidas cautelares, cumplimiento de condenas, decisiones aisladas de tribunales o simples correcciones de detenciones arbitrarias que nunca debieron producirse.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo y subrayó que, hasta ahora, no se ha publicado un listado oficial de las personas beneficiadas por la amnistía. “Si el Gobierno tiene otros datos, con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos”, advirtió, al señalar que el discurso de miles de amnistiados no coincide con los números que maneja la ONG.
Lejos de acelerar las liberaciones, Foro Penal sostiene que la Ley de Amnistía se ha convertido en un “embudo” que ha terminado por ralentizar o paralizar el proceso. Un gráfico compartido por la organización muestra que, tras un pico inicial de excarcelaciones en la semana posterior a la promulgación de la norma, el número de beneficiarios cayó de forma abrupta, hasta registrar una “paralización casi total” desde el 19 de marzo. Para la ONG, esto revela que la amnistía opera más como filtro restrictivo que como mecanismo amplio de alivio judicial.
Foro Penal también recuerda que la medida deja por fuera a centenares de presos políticos, especialmente militares y civiles vinculados a casos calificados como “conspiración” por las autoridades, que continúan detenidos o sometidos a procesos sin garantías. Ya en febrero, la organización había advertido que la ley era insuficiente y selectiva, por lo que no resolvería de fondo el problema de la persecución política en el país.
En paralelo, la ONG denuncia que la estructura de represión y criminalización de la disidencia se mantiene intacta: mientras se anuncian excarcelaciones, se registran nuevas detenciones y se abren causas penales contra activistas, defensores de derechos humanos, dirigentes opositores y ciudadanos que expresan opiniones críticas. Esta dinámica, advierte Foro Penal, genera una suerte de “puerta giratoria”, en la que entran y salen presos políticos sin que se desmonten los patrones estructurales de violación de derechos.
Organismos internacionales y medios extranjeros han recogido las cifras de Foro Penal para cuestionar el relato oficial sobre la amnistía, destacando que la medida no ha significado una liberación masiva ni una mejora sustantiva en materia de derechos humanos. En este contexto, la ONG insiste en que la única salida real pasa por el cese de la persecución, la revisión integral de los expedientes y el compromiso efectivo del Estado con las normas internacionales de derechos humanos, y no solo por anuncios legales de aplicación limitada.