Varias organizaciones de derechos humanos calificaron como una decisión “arbitraria e inconstitucional” el anuncio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, de que la Ley de Amnistía “llega a su fin” en Venezuela. Las ONG advirtieron que el Ejecutivo no tiene competencia para dar por terminada una ley, que solo puede ser derogada por la Asamblea Nacional mediante otra norma de igual rango o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El pronunciamiento se produjo luego de que Rodríguez, en cadena nacional, afirmara que la aplicación de la amnistía concluía dos meses después de su aprobación, pese a que el texto legal no contempla ninguna fecha de caducidad. La funcionaria aseguró que, a partir de ahora, los casos excluidos expresamente de la ley serían atendidos a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática y de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, presentando el cierre de la amnistía como el inicio de una “nueva etapa” judicial.
Para organizaciones como Provea, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), el anuncio no solo carece de sustento jurídico, sino que constituye un grave retroceso en materia de Estado de derecho. Provea advirtió que se trata de “una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”. Acceso a la Justicia recordó que la Ley de Amnistía sigue vigente mientras no sea derogada por el Parlamento o anulada por el TSJ, por lo que una declaración del Ejecutivo no puede extinguirla ni modificar sus efectos.
Las ONG también llamaron la atención sobre el impacto que este mensaje envía al sistema de justicia. Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio como un “atropello al Estado de derecho” y un acto de inseguridad jurídica que deja en “absoluta vulnerabilidad a las víctimas”. Según la organización, al declarar el supuesto fin de la amnistía, el Ejecutivo instruye de facto a los tribunales a desestimar solicitudes de libertad basadas en una premisa “inexistente en el ordenamiento jurídico”, lo que puede cerrar la puerta a futuros beneficiarios.
Las críticas se producen, además, en un contexto en el que todavía quedan al menos 473 presos políticos en el país, de acuerdo con cifras de organizaciones especializadas. Para JEP, pretender clausurar una norma de esta naturaleza “anula el principio de progresividad de los derechos humanos” y profundiza la brecha de impunidad, al limitar un instrumento que estaba llamado —al menos en teoría— a corregir situaciones de persecución y detención arbitraria. La ONG sentenció: “La libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad”.
En su balance, estas organizaciones sostienen que la Ley de Amnistía ya venía siendo aplicada de forma restrictiva y selectiva, por lo que el anuncio de Delcy Rodríguez solo confirma que el instrumento fue, en la práctica, más un recurso de retórica política que una vía genuina para devolver la libertad a los presos políticos. El cierre unilateral, añadido a la ausencia de una reforma judicial creíble e independiente, refuerza sus dudas sobre el compromiso real del gobierno con un proceso de convivencia democrática y respeto a la separación de poderes.