Los padres de Juan Pablo Pernalete, Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete, exigieron al nuevo fiscal general Larry Devoe que deje de postergar decisiones y actúe con “acciones claras, inmediatas y contundentes” para que el caso de su hijo no siga hundido en la impunidad. El reclamo llega cuando se cumplen nueve años del asesinato del joven, ocurrido el 26 de abril de 2017 durante una manifestación en el distribuidor Altamira, donde murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada al pecho por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), hecho admitido oficialmente por el propio Ministerio Público en 2021.
Los Pernalete recordaron que, pese a esa admisión, el expediente ha estado marcado por la parálisis y el maquillaje judicial. En estos años se han identificado 13 guardias involucrados, pero 11 fueron enviados a archivo fiscal con el argumento de que “no había suficientes elementos probatorios”, y a la familia se le pide ahora que presente “nuevas pruebas” para reabrir la investigación, como si no hubiera sido el propio Estado el que destruyó o manipuló evidencias desde el inicio.
En su mensaje, los padres insistieron en que “la justicia no es negociable” y vincularon el caso de Juan Pablo con el compromiso asumido por el Estado venezolano en el Memorando de Entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional (CPI) en 2021. Señalaron que, si el Ministerio Público sigue archivando responsabilidades y rotando fiscales —al menos 15 fiscales han pasado por el expediente, según han denunciado—, Venezuela continuará enviando al mundo la señal de que los crímenes de lesa humanidad quedan sin castigo.
Elvira Llovera ha denunciado en reiteradas ocasiones que cada cambio de fiscal ha significado revictimización: declaraciones ofensivas, intentos de culpar al propio Juan Pablo y narrativas que presentan a los funcionarios como si solo se “defendieran”. Por eso, ahora, con un nuevo fiscal general en funciones, los padres advierten que no aceptarán más excusas ni maniobras dilatorias y exigen que se avance hacia una acusación firme y un juicio real contra los responsables materiales y la cadena de mando que permitió el uso letal de bombas lacrimógenas contra manifestantes.