Al menos 163 militares permanecen encarcelados en Venezuela por motivos políticos y fueron excluidos de la Ley de Amnistía. Sus familiares y abogados denuncian que las autoridades los retienen como fichas de canje para presionar en las negociaciones de transición.
Más de 200 días han pasado desde que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y otros 178 transcurrieron desde que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía bajo la cual han sido liberados 1.046 presos por razones políticas. Pero hay un grupo de prisioneros que permanece encarcelado: los militares.
La exclusión legal
De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, en el país hay al menos 163 militares encarcelados por causas políticas. La Operación Gedeón, el asalto al Fuerte Paramacay o los supuestos planes de magnicidio son solo algunas de las causas que el régimen utilizó como argumento para encarcelar a uniformados.
Los militares encarcelados quedaron excluidos de las liberaciones otorgadas por la Ley de Amnistía porque, según las autoridades gubernamentales, la ley prohíbe que sean beneficiados todos aquellos que estén acusados de cometer actos contra la seguridad y la integridad territorial.
El abogado Alonso Medina Roa expresó que históricamente los militares han sido beneficiados en distintas etapas de la historia por diferentes leyes e indultos. Destacó que Hugo Chávez, el militar golpista de 1992 y luego presidente, fue indultado por el presidente Rafael Caldera en 1994 después de haber estado preso en la cárcel de Yare tan solo dos años.
Dos casos emblemáticos
Igbert Marín Chaparro, teniente coronel, fue detenido el 2 de marzo de 2018. Un tribunal militar lo condenó a siete años y seis meses de prisión por haber solicitado mejoras en las condiciones de su tropa y denunciar hechos de corrupción dentro de la institución militar. Posteriormente se le implicó en la Operación Gedeón mientras ya estaba preso.
Antonio Sequea, capitán, fue detenido el 4 de mayo de 2020. Desde abril de 2019 estaba en la clandestinidad por supuestamente haber participado en el intento de derrocar a Nicolás Maduro y posteriormente fue señalado de ser uno de los líderes de la Operación Gedeón. Fue sentenciado a 24 años de prisión.
Patrón de vulneraciones
Ambos militares han sido víctimas de violación de derechos humanos, tratos crueles y torturas. No tuvieron acceso a la designación de defensa privada, han sido aislados, incomunicados y han tenido que llegar a situaciones extremas de comenzar huelgas de hambre para denunciar las múltiples irregularidades.
El abogado Medina Roa señaló que los tribunales del país se han convertido en cómplices del régimen, hay una violación constante del Código Orgánico Procesal Penal y a los principios de cumplimiento de las penas. Destacó irregularidades como la celebración de audiencias telemáticas en las cuales el detenido no está junto a su abogado defensor.
Fichas de canje político
Tanto el abogado como algunos familiares de militares coinciden en que las liberaciones de los uniformados han sido más lentas y selectivas porque son utilizados como fichas de canje y como parte de los planes de control político del oficialismo.
Igner Marín, hermana del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, asegura que el gobierno los mantiene como rehenes políticos y fichas de alto valor estratégico que van liberando para aliviar la presión internacional o buscar legitimidad en el exterior.
Verónica Noya, esposa del capitán Antonio Sequea, advierte que los militares presos por razones políticas son un tema sensible para el gobierno que incomoda a la cúpula en el poder y que quizá sean piezas para las negociaciones políticas de una eventual transición.
Transición incompleta
Nicolás Maduro ya no está en el poder y estos dos militares, al igual que los más de 160 que están con ellos tras las rejas, entraron a prisión por supuestos planes conspirativos contra la administración que él lideró hasta el 3 de enero.
Sin embargo, con el paso de los días, la estructura de poder compuesta por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello mantiene al país bajo control político y sin demostración de que ocurran transformaciones sustanciales en el ámbito de la justicia o la reinstitucionalización de Venezuela.
Sus familiares siguen exigiendo justicia, sus abogados se mantienen firmes denunciando los atropellos y las violaciones de sus derechos, las torturas, el aislamiento y sobre todo la exclusión del proceso de amnistía que forma parte de la transición que se vive en el país.
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.