Chats de Chi Phi: cómo reaccionó la fraternidad tras la denuncia

Chats de Chi Phi: cómo reaccionó la fraternidad tras la denuncia

ITHACA, Nueva York. En la tarde del 8 de noviembre de 2024, la Universidad de Cornell suspendió a la fraternidad Chi Phi por sospecha de consumo de drogas. Tres horas después, la escuela envió un correo masivo con el asunto «ALERTA DE CRIMEN: Agresión Sexual — Edgemoor Lane, Ciudad de Ithaca«. El texto decía que la víctima informó haber sido agredida sexualmente por varios hombres y coaccionada a consumir ketamina y otras drogas.

La casa de Chi Phi estaba, en efecto, en Edgemoor Lane. Los mensajes de texto de varios miembros de la fraternidad, reportados el 10 de octubre de 2026, muestran la preocupación que provocó el aviso. Los mensajes forman parte de los registros revisados para un reportaje sobre el caso de la mujer conocida como Jane Doe.

«Las fechas no cuadran»: el primer intento de entender el aviso

Según esos registros, un miembro escribió a otros tres en un chat que «las fechas no cuadran». Se preguntaban si el aviso de la universidad se refería a otra fiesta de la fraternidad, como la llamada Noche de Risky Business. Pero temían que la fecha descrita en el correo fuera la del 19 de octubre de 2024, la Noche Hawaiana, cuando, según el relato, las cosas se habían salido de control con una integrante de una hermandad de mujeres.

Uno de los participantes del chat preguntó: «¿Cuál es el plan de acción?» Otro integrante, que según los mensajes había escrito varias veces a la mujer después de la fiesta y había ofrecido llamarla otra vez, dijo no creer que ella hubiera denunciado lo ocurrido. Ese cálculo, indica el reporte, resultó equivocado.

La versión de Jane Doe

La mujer presentó una demanda civil el 16 de septiembre de 2026 contra la universidad, la fraternidad, su hermandad de mujeres y siete miembros de Chi Phi. Según la demanda, ella fue drogada y agredida sexualmente en la casa de la fraternidad en octubre de 2024. Relata que la noche empezó con un encuentro sexual con dos de los integrantes del chat y que continuó con actos sexuales con varios otros miembros, mientras estaba incapacitada por ketamina y alcohol. Con el tiempo, dice, llegó a creer que esos hechos constituyeron un delito.

Los siete hombres nombrados han negado las acusaciones. Sostienen que cualquier acto sexual fue consentido o que no ocurrió, según lo informado antes. Ninguno ha sido condenado.

El camino de la denuncia

Doe reportó lo ocurrido a la policía de Cornell en noviembre de 2024. Según documentos revisados por varios medios, la fiscalía del condado de Tompkins, a cargo de Matthew Van Houten, declinó revisar la evidencia adicional que reunió la policía universitaria, más allá de un resumen de seis páginas de sus declaraciones. En paralelo, Cornell realizó su propia investigación bajo el Título IX, con más de 50 entrevistas. Según resúmenes de esa investigación, de los siete integrantes dos fueron expulsados, dos suspendidos y tres recibieron sanciones menores.

Lo que ha pasado desde la demanda

La demanda desató una indignación en el campus y una presión creciente sobre la universidad.

  • El 28 de septiembre, Van Houten anunció que reabría la investigación criminal.
  • El 1 de octubre, la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial, tras decir que había perdido confianza en el fiscal del condado.
  • Cornell designó a la exfiscal general interina de EE. UU. Sally Yates para revisar cómo manejó la escuela las denuncias.

El presidente de la universidad, Michael Kotlikoff, reconoció la frustración en el campus y prometió una revisión adicional. Dijo que el caso destaca «cuestiones desgarradoras y preocupantes sobre agresión sexual, deshumanización y aspectos de la cultura de las fiestas, el alcohol y el consumo de drogas».

Amenazas contra la demandante

Según su abogado, Thomas Giuffra, Doe ha recibido amenazas de muerte e intentos de doxxing, y fue blanco de un incidente de «swatting» que llevó a la policía a rodear la casa de sus padres con armas desenfundadas. Las autoridades investigan esos hechos, según el abogado. No se ha establecido quién está detrás de las amenazas.


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