BOSTON. Un juez federal bloqueó temporalmente una regulación del gobierno de Trump usada para imponer multas migratorias millonarias. Concedió alivio en una demanda de dos mujeres, entre ellas una residente del sur de Florida, a quienes se les impusieron multas de hasta $1.82 millones mientras buscaban una vía para obtener la residencia permanente.
El juez de distrito George A. O’Toole Jr., de Massachusetts, suspendió la regulación y bloqueó la aplicación de las multas impuestas bajo ella. Determinó que las demandantes probablemente demostrarán que el gobierno no tomó en cuenta las circunstancias individuales antes de sancionarlas.
Qué ordenó el juez O’Toole y cuál es su alcance
El fallo es del 30 de septiembre y fue incorporado al expediente el 5 de octubre. Se trata de una orden preliminar: no anula de forma definitiva la regulación ni cancela las multas.
«El gobierno no puede cobrar esas multas, no puede hacer cumplir esas multas», dijo Charles Moore, abogado principal de Public Justice y representante legal de las demandantes. Esa protección seguirá vigente mientras continúe el litigio.
Qué no cambia con la decisión
La orden no elimina la autoridad del gobierno para imponer sanciones migratorias mediante los procedimientos vigentes antes de la norma. «Conceder la suspensión no impediría que los demandados impongan multas ni que persigan los objetivos migratorios más amplios del gobierno», escribió O’Toole.
El juez reconoció que el gobierno podría cobrar después las multas suspendidas si finalmente se determina que son válidas. La orden no limita expresamente la suspensión a las dos demandantes.
La demanda Maria L. v. Mullin
La demanda impugna una iniciativa para sancionar a inmigrantes que no abandonan el país tras recibir órdenes de deportación o de salida voluntaria. Las demandantes sostienen que se impusieron deudas abrumadoras sin determinar si se negaron deliberadamente a salir, incluso en casos de personas que cumplen con la supervisión migratoria mientras buscan un estatus legal.
Moore afirmó que las sanciones buscaban atemorizar a los inmigrantes para que se fueran. «El gobierno espera que estas multas asusten a la gente para que… se vaya», dijo.
Lo que exige la ley: conducta «deliberada» o «voluntaria»
La ley que rige la multa de Nancy M. sanciona el incumplimiento «deliberado» de una orden de salida. Otra disposición autoriza sanciones para quienes incumplen «voluntariamente» órdenes de salida voluntaria. El juez determinó que la regulación y la imposición masiva de multas parecían pasar por alto esas distinciones.
Nancy M.: una multa de $1.82 millones
Nancy M., residente del sur de Florida, estaba bajo una orden de supervisión de ICE cuando le impusieron una multa de $1.82 millones. Después obtuvo una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal, según la opinión del juez.
Según Moore, ella:
- Tramitaba un beneficio migratorio basado en vínculos familiares.
- Se mantuvo en contacto con ICE y acudió a sus citas de supervisión.
- Trabajaba en dos empleos, hasta 60 horas semanales.
Recibió una multa calculada a razón de $998 diarios durante unos cinco años, dijo Moore. «En realidad, es una multa muy común… que vemos», afirmó.
La opinión señala que la ansiedad que dijo sufrir afectaba su capacidad para dormir, comer y llevar una vida normal. Moore añadió que padece graves problemas de salud que aumentaron su temor a ser detenida.
Maria L.: manicurista en Massachusetts
La otra demandante, Maria L., es manicurista en Massachusetts. Permaneció en el país mientras buscaba un beneficio migratorio por razones humanitarias y recibió una multa de cientos de miles de dólares, según los documentos judiciales.
Afirmó que la sanción empeoró su salud, aumentó su ansiedad, le provocó depresión y la llevó a faltar un mes al trabajo. Ambas litigan bajo seudónimos.
El daño que el juez consideró irreparable
O’Toole concluyó que las consecuencias iban más allá de una disputa financiera ordinaria. Las mujeres enfrentaban deudas muy superiores a su capacidad de pago, con posible embargo de salarios, pérdida de bienes y demandas federales de cobro.
«No hay indicio alguno de que simplemente exigir al gobierno que anule sus notificaciones de multa bastaría —o siquiera podría bastar, llegado ese momento— para resarcir plenamente a las demandantes», escribió.
Qué cambió la regulación del 27 de junio de 2025
El Congreso estableció estas sanciones en 1996, pero en gran medida no se aplicaron hasta el primer gobierno de Trump, según la opinión. ICE comenzó a imponer multas en 2018. Luego, el gobierno de Biden retiró las notificaciones vigentes y revocó decisiones anteriores que imponían sanciones. Trump reactivó la iniciativa tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.
El 27 de junio de 2025, los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia emitieron una norma final provisional para acelerar la imposición y el cobro de sanciones civiles migratorias. Las agencias dijeron que los procedimientos anteriores no habían sido diseñados para estas infracciones y que los cambios disuadirían la entrada ilegal y fomentarían el cumplimiento de las órdenes.
Menos plazos y menos oportunidades de defensa
Según la opinión, la regulación:
- Sustituyó los avisos previos de «intención de imponer una multa» por decisiones directas de sanción.
- Permitió enviar las notificaciones por correo ordinario.
- Redujo de 30 a 15 días el plazo para impugnar una multa.
- Eliminó determinadas oportunidades de entrevista en persona y revisión administrativa.
Bajo ese sistema, las autoridades infieren que hay una infracción cuando una persona permanece en el país tras una orden de salida, escribió el juez. El gobierno sostuvo que hacía evaluaciones individuales, pero el juez concluyó que no aportó detalles ni ejemplos que lo demostraran. Los formularios de las multas tampoco contenían alegaciones específicas sobre por qué la conducta de una persona justificaba la sanción.
Participación pública: otro argumento que prosperó
El juez determinó que el gobierno eludió indebidamente el procedimiento habitual para adoptar regulaciones: publicar la norma propuesta, abrir un período de comentarios públicos y considerar las objeciones. El gobierno alegó excepciones para asuntos de política exterior y cambios meramente procesales. O’Toole rechazó ambos argumentos.
Concluyó que la norma regula cómo se imponen, impugnan y cobran sanciones contra personas que ya están en Estados Unidos, no las relaciones con gobiernos extranjeros. Añadió que afecta la capacidad de un no ciudadano para impugnar sanciones severas, ya que los destinatarios tenían apenas 15 días para entender la notificación, reunir documentos y enviar su respuesta por correo.
«La única oportunidad de un no ciudadano para impugnar sanciones civiles ruinosas es lo suficientemente importante como para requerir específicamente un proceso de notificación y comentarios públicos», escribió O’Toole.
Qué queda pendiente en el litigio
El fallo no resuelve las reclamaciones constitucionales de la demanda: que el sistema viola el debido proceso, la prohibición de multas excesivas y el derecho a un juicio civil por jurado. Tampoco deja sin efecto las leyes que autorizan las sanciones.
Las cifras de las multas
La opinión citó más de 65,000 sanciones por unos $36,000 millones. Moore dijo que un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de julio reportó 103,000 sanciones por $84,000 millones, cifras que no pudieron verificarse de forma independiente con los documentos revisados.
Moore no pudo dar una cifra para Florida, pero dijo que su organización habló con numerosas personas afectadas en el estado.
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