Una jueza federal de California ordenó el miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no realice la mayoría de sus operaciones de campo para detectar fraude electoral en nueve estados. La decisión llega a menos de dos semanas de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.
La orden afecta a los agentes de la llamada “Iniciativa de Votantes Ilegales”, que la administración de Donald Trump desplegó para buscar supuestos votantes no ciudadanos. Según el reportaje, la iniciativa también busca presionar los procesos electorales en estados donde el gobierno afirma que hay miles de personas no ciudadanas registradas. Aquí están el alcance de la medida, los estados incluidos, la disputa por los datos y los próximos pasos.
Qué ordenó la jueza sobre las operaciones del DHS
Una orden limitada, no una suspensión total
La jueza Araceli Martínez-Olguin no suspendió por completo las operaciones de campo. En cambio, prohibió las entrevistas que involucren, o puedan involucrar, a personas que los agentes sepan, sospechen o deban razonablemente sospechar que son ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, la restricción se centra en el contacto con posibles ciudadanos y no alcanza a todas las actividades de la iniciativa. Esas entrevistas forman parte del trabajo de campo que los agentes realizan en los nueve estados.
Los argumentos de la magistrada
La magistrada consideró que esas acciones probablemente obstaculizarían la participación y el registro de votantes por parte de gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. Además, advirtió que las “listas de objetivos” generadas por el gobierno ya mostraban errores e incluían a ciudadanos naturalizados.
Según la jueza, el interés de los demandantes y del público en tener elecciones seguras, libres de interferencia o intimidación, supera el supuesto interés del gobierno en combatir el voto ilegal de personas no ciudadanas. Con ese criterio, limitó las operaciones de campo.
Los nueve estados de la Iniciativa de Votantes Ilegales
Dónde debían concentrarse los agentes
Según documentos internos presentados en el caso, los agentes debían concentrarse en estos estados:
- California
- Connecticut
- Georgia
- Misuri
- Nevada
- Nueva York
- Pensilvania
- Washington
- Wisconsin
La administración Trump afirma que en esos estados hay miles de personas no ciudadanas registradas. La iniciativa se desplegó para buscar esos supuestos casos.
Preocupación por posible intimidación electoral
Martínez-Olguin expresó preocupación por posibles actos de intimidación electoral. Citó memorandos de la agencia según los cuales el DHS vigilaba, infiltraba de manera encubierta e interrogaba al personal de organizaciones sin fines de lucro y de iglesias que promovían la participación electoral. Hasta julio, casi 150 de esos grupos habían sido objeto de atención de la agencia.
La disputa por los datos de votantes
La defensa del DHS
El DHS defendió sus métodos. La agencia afirmó que usó varias fuentes de datos, además de los registros públicos de votantes, para verificar la identidad de los inscritos y eliminar falsos positivos.
Las fallas señaladas en los registros
Sin embargo, el reportaje señala límites en esos registros:
- Los registros públicos electorales suelen carecer de identificadores únicos, como el número de Seguro Social.
- Los archivos migratorios a veces no reflejan cambios en la ciudadanía.
Esa combinación ha generado errores en varios estados, entre ellos la inclusión de ciudadanos naturalizados en las listas.
El caso de Los Ángeles
En Los Ángeles, las autoridades electorales calificaron las listas del Departamento de Justicia de tan deficientes que parecían casi “performativas”. Señalaron que miles de nombres carecían de números de Seguro Social u otros datos clave. También indicaron que muchos estaban vinculados a direcciones fuera de la jurisdicción del condado.
Qué está en juego en las elecciones de medio mandato
Las elecciones del 3 de noviembre definen qué partido controla la Cámara de Representantes y el Senado. Esas instituciones aprueban leyes, supervisan al Ejecutivo y pueden investigar a funcionarios y empresas. A diferencia de una elección presidencial, no se vota por la Casa Blanca, pero sí por el equilibrio de poder en el Congreso.
En ese contexto, el caso se suma a una serie de disputas legales entre la administración Trump y autoridades electorales de todo el país. Esas disputas buscan demostrar un patrón de voto ilegal a gran escala. Según el reportaje, estas iniciativas han tenido poco éxito, en parte porque muchos funcionarios estatales y locales se han negado a entregar listas sensibles de votantes.
Cuándo entra en vigor la orden y hasta cuándo rige
La orden entra en vigor el viernes por la noche, para dar al gobierno tiempo de apelar. Permanecerá vigente hasta el final de la jornada electoral del 3 de noviembre, salvo otra indicación judicial.
Qué dicen los datos sobre el voto de no ciudadanos
Un delito con pocos casos documentados
Votar en elecciones federales siendo no ciudadano es ilegal. Sin embargo, décadas de evidencia muestran que esos casos son excepcionalmente raros en Estados Unidos, muy por debajo de los niveles que alega la administración.
Los 28 inmigrantes en California
El lunes, autoridades federales anunciaron la liberación de 28 inmigrantes en California sospechosos de haberse registrado o votado antes de naturalizarse. Todos tenían residencia permanente. Además, muchos negaron haberse registrado o votado a sabiendas. El grupo representa aproximadamente uno entre un millón de los cerca de 23 millones de votantes registrados en el estado.
Qué seguir de cerca antes de las elecciones
Quedan tres puntos por observar: si el gobierno apela la orden antes de que entre en vigor el viernes, si el tribunal emite nuevas indicaciones y cómo avanzan las demás disputas legales con autoridades electorales.
Sigue nuestra cobertura de las elecciones de medio mandato para conocer cada novedad. Además, comparte esta nota con quienes quieran entender qué ocurre con el voto y las operaciones federales en sus estados.
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