Un joven venezolano que trabajaba repartiendo comida en Austin sigue detenido en el sur de Texas con una bala alojada en el cuerpo, sin recibir medicamentos para el dolor. El caso ha reavivado la preocupación sobre el uso de fuerza letal en los operativos de inmigración durante la actual administración.
La bala sigue alojada y sin tratamiento médico
Wilber Rafael Garcés, de 28 años, permanece retenido en las instalaciones de Pearsall, Texas, según confirmó su abogada Kate Lincoln-Jilguero en una publicación en la red social X. De acuerdo con su representación legal, Garcés todavía tiene la bala alojada en el cuerpo, no ha recibido analgésicos para el dolor y ha tenido que dormir en el suelo desde su detención.
Versiones encontradas entre el DHS y la defensa
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que abrió una investigación sobre el incidente, pero sostuvo que Garcés «entró al país ilegalmente» durante la administración Biden y que estaba sujeto a una orden de deportación definitiva. La abogada Lincoln-Jilguero rechazó esa versión de manera categórica: aseguró que su cliente ingresó a través de CBP One, la aplicación que el gobierno de Biden mantuvo activa para que los migrantes pudieran solicitar asilo de forma legal y ordenada en la frontera.
Un disparo durante una entrega de DoorDash
Según el relato que la abogada compartió con EFE, Garcés se encontraba trabajando como repartidor de DoorDash al mediodía del domingo en Austin cuando fue baleado. El concejal de la ciudad, Mike Siegel, acudió a la escena y relató que un agente de ICE se bajó de una camioneta sin identificación y disparó hacia el vehículo de Garcés, que en ese momento estaba estacionado. El joven recibió el disparo por la espalda.
Un patrón que preocupa a las comunidades migrantes
Este caso no es un hecho aislado. Un informe del Washington Post publicado en julio de 2026 documentó que al menos seis conductores han muerto por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración, y otros 11 han resultado heridos en circunstancias similares. La tendencia refleja un aumento en el uso de fuerza letal durante los operativos de deportación del segundo mandato de Trump.
CBP One: un programa legal que hoy pone en riesgo a miles
La aplicación CBP One permitía a los migrantes solicitar citas en los puertos de entrada y pedir asilo de manera ordenada, evitando cruces irregulares por la frontera. El programa fue desmantelado por la administración actual, y ahora muchas personas que lo usaron de forma legal —como asegura la defensa de Garcés que hizo él— enfrentan procesos de deportación. Lo mismo ocurre con beneficiarios de programas humanitarios como el TPS (Estatus de Protección Temporal), cuyas detenciones también han aumentado.
Preocupación por las condiciones de detención
Más allá de las circunstancias del disparo, la abogada de Garcés denunció condiciones de detención que podrían vulnerar estándares básicos de atención médica: una persona herida de bala, sin tratamiento para el dolor, obligada a dormir en el suelo mientras es interrogada. Estas condiciones podrían convertirse en parte central tanto de la investigación abierta por el DHS como de posibles demandas civiles adicionales.
Las autoridades locales de Austin, ciudad con políticas de santuario que limitan la cooperación con ICE, han expresado su preocupación por las tácticas empleadas en este operativo.
Este caso pone bajo la lupa el trato hacia migrantes detenidos y el uso de fuerza en operativos de inmigración. Sigue de cerca el desarrollo de esta investigación y de los procesos legales que puedan derivarse.
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