Los procesos judiciales contra 68 adolescentes detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela ya han comenzado, mientras sus familias claman por justicia y su liberación. Las primeras audiencias se llevaron a cabo el 30 y 31 de octubre en el estado Carabobo, y se espera una segunda ronda de audiencias los días 13 y 14 de noviembre.
Mariela Molina, madre de uno de los detenidos, expresó su desesperación por la situación de su hijo Orlando, quien fue arrestado el 30 de julio en Valencia. Molina denuncia irregularidades en el proceso, como la incorrecta identificación de su hijo y la falta de presentación de pruebas que demuestren su supuesta participación en actos de vandalismo. Orlando, prospecto beisbolista, ha logrado retomar sus estudios mientras enfrenta el proceso penal.
Patricia Rivas, madre de otro detenido, relata las condiciones adversas que enfrenta su hijo, incluyendo torturas y la falta de acceso a asistencia médica y legal adecuada. Su hijo ha mostrado signos de depresión debido a la incertidumbre y el trato recibido durante su detención.
Además, Irene Corrado, de 17 años, enfrenta su juicio el próximo 13 de noviembre. Su detención fue resultado de una confusión con un chat de WhatsApp, lo que sugiere posibles abusos en el proceso de detención y acusación.
El Foro Penal reporta que actualmente hay 67 adolescentes detenidos por su participación en las protestas, enfrentando cargos como terrorismo y obstrucción de vías públicas. Muchos de ellos han sufrido abusos físicos y psicológicos, y sus casos reflejan una preocupante falta de garantías legales y derechos humanos.
Mientras tanto, algunos jóvenes han sido liberados bajo condiciones restrictivas, como presentación periódica ante tribunales y prohibiciones de movimiento, gracias a medidas adoptadas a finales de agosto.
La comunidad y organizaciones como Unicef han solicitado una intervención internacional para garantizar el bienestar y la justicia para estos jóvenes, quienes, según denuncian sus familias, son víctimas de un sistema judicial que no respeta sus derechos fundamentales.
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