El Estado venezolano ha sido acusado de utilizar la desaparición forzada como una herramienta para controlar y amedrentar a los ciudadanos, según denuncias de activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas. Marino Alvarado, especialista en derechos humanos e integrante del consejo consultivo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), destaca que esta práctica genera una sensación de inseguridad no solo entre los familiares del desaparecido, sino también en su comunidad y en la sociedad en general.
Carlos Correa, periodista y defensor de derechos humanos, fue interceptado en Caracas por presuntos funcionarios de seguridad el 7 de enero y desaparecido durante varios días antes de ser presentado ante un tribunal sin acceso a defensa privada. A pesar de su excarcelación posterior, fue víctima de desaparición forzada.
El abogado Zair Mundaray señala que las desapariciones forzadas, consideradas crímenes de lesa humanidad, son una práctica común en Venezuela, utilizada principalmente contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas detenciones suelen realizarse por agentes encapuchados y armados que no se identifican, lo que agrava la situación de incertidumbre para las familias de las víctimas.
Desde 2014, se han registrado más de 18,000 detenciones políticas en Venezuela, muchas de las cuales comenzaron como desapariciones forzadas, según cifras de Foro Penal. Esta situación ha llevado a que organismos internacionales como la ONU emitan advertencias sobre la gravedad de estos actos en el país.
Casos recientes incluyen a Enrique Márquez, Ángel Godoy, Julio Balza, Noel Álvarez, Enderson Rivas, y Rafael Tudares, quienes han sido reportados como desaparecidos en enero de 2025. Estos casos reflejan un patrón sistemático de represión estatal, donde los detenidos son retenidos en lugares desconocidos y sin acceso a sus derechos legales básicos.
La desaparición forzada en Venezuela, junto con detenciones arbitrarias y torturas, forma parte de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano. Esta práctica no solo viola los derechos humanos fundamentales, sino que también perpetúa un clima de miedo y represión en el país.
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