El especialista en temas energéticos, Rubén Bolívar, analizó el impacto del regreso de empresas petroleras como Chevron en Venezuela. La pregunta central es si esta operación beneficia al ciudadano común más allá del Estado. Bolívar reconoce que la situación es compleja. Además, afirma que los resultados aún no se sienten de forma directa en el salario ni en la estabilidad monetaria.
Un Análisis del Contexto y las Acusaciones
Bolívar admitió que la falta de mejoras en el salario y la estabilidad cambiaria sigue siendo una «materia pendiente». Sin embargo, contextualizó estos desafíos en el marco de las sanciones internacionales que han «sitiado» a Venezuela. Explicó que, desde 2018, el país enfrenta un bloqueo que afecta a las industrias del petróleo, hierro y aluminio. En este sentido, denunció que los buques que transportan productos venezolanos a menudo sufren sanciones, un hecho que complica seriamente la capacidad de exportación.
El experto ofreció una perspectiva geopolítica. Las políticas de Estados Unidos, argumenta, buscan asegurar sus recursos energéticos. La diferencia en las reservas de petróleo entre ambos países es notable: Venezuela posee 300 mil millones de barriles mientras que Estados Unidos tiene 45 mil millones. Su ritmo de consumo y producción implicaría que se quedarían sin reservas en menos de una década. Por lo tanto, esta realidad impulsa a la superpotencia a acceder a los recursos energéticos en todo el mundo.
Bolívar comparó el modelo venezolano con el de Guyana. En Venezuela, la regalía por la extracción petrolera es del 30%. En contraste, ExxonMobil paga solo un 2% por el proyecto Esturo en Guyana, lo que ilustra una diferencia significativa en la regulación. La política de regalías en Venezuela demuestra el control del Estado sobre sus recursos. De esta manera, el beneficio del país siempre ha sido una prioridad.
En un punto crucial de la entrevista, el especialista desmintió una narrativa política. Algunos afirman que Venezuela no recibe pagos por el petróleo de Chevron en Venezuela. Bolívar aclaró que la Ley de Hidrocarburos establece que la regalía del 30% se cobra «a boca de pozo», un procedimiento que se realiza en el momento de la medición. Adicionalmente, las empresas mixtas, como Petropiar, Petroboscán, o Petroindependencia no tienen la potestad de comercializar el crudo.
Las empresas mixtas, en las cuales Chevron en Venezuela tiene una participación minoritaria, deben cumplir con la legislación venezolana. De acuerdo con el experto, las licencias otorgadas por el gobierno de EE.UU. no eximen a la compañía de pagar impuestos sobre la renta, el IVA y otros deberes fiscales. Bolívar afirmó que es improbable que los gerentes de PDVSA permitan que se evada el pago solo para complacer a Estados Unidos. En este contexto, el experto concluyó que la situación debe ser vista desde una perspectiva legal y no solo política.
Las negociaciones con la empresa estadounidense han incluido compensaciones. Por ejemplo, la compañía ha traído el diluente que requiere el petróleo pesado de la Faja del Orinoco para poder procesarlo. Estos mecanismos de compensación son legales en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Sin embargo, se ha manejado políticamente la idea de que no hay pagos. La operación de Chevron en Venezuela está sujeta a la ley nacional. Al final, el petróleo venezolano es un recurso de todos los ciudadanos.