El año 2026 comenzara en Venezuela con nuevas protestas laborales encabezadas por trabajadores del sector público que exigen el fin de los llamados “salarios de hambre” y reclaman ingresos que les permitan cubrir al menos la canasta básica de alimentos. En diversas ciudades del país, empleados de educación, salud, administración pública, jubilados y pensionados volvieron a las calles con pancartas y consignas para denunciar que sus sueldos siguen anclados en montos que no superan unos pocos dólares al mes al tipo de cambio vigente.
Los manifestantes aseguran que el salario mínimo y muchas escalas salariales del sector público no alcanzan ni para una semana de mercado, lo que obliga a millones de familias a depender de remesas, trabajos informales o ayudas esporádicas para poder alimentarse. En concentraciones y marchas, docentes, enfermeras y otros trabajadores recordaron que, mientras el gobierno habla de “recuperación económica”, la realidad para la mayoría de los asalariados es la de un ingreso pulverizado por la inflación y la devaluación.
Sindicatos y organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) han venido documentando en los últimos años un repunte sostenido de las protestas laborales en el país, impulsadas precisamente por la inconformidad con los salarios y la pérdida de beneficios contractuales. Informes previos ya advertían que la mayoría de las manifestaciones recientes están relacionadas con reclamos laborales, superando incluso a las de carácter estrictamente político.
Trabajadores entrevistados en distintas marchas repiten una idea: “no se puede vivir con estos sueldos”. Muchos denuncian que, en caso de enfermedad o emergencia familiar, se ven obligados a pedir donaciones en redes sociales o a sus compañeros, porque el salario que reciben no cubre medicinas, estudios médicos ni gastos funerarios, ni siquiera en los servicios públicos más básicos.
Dirigentes gremiales han criticado también el efecto de medidas administrativas como el polémico instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que redujo bonos y compensaciones, recortando en la práctica entre 40% y 70% los ingresos de muchos trabajadores del Estado. A su juicio, estas decisiones consolidaron un esquema de pago que castiga la antigüedad, vacía las contrataciones colectivas y empuja a más profesionales a abandonar el país.
En varias movilizaciones, los trabajadores han insistido en que sus demandas no responden a consignas partidistas, sino a la urgencia de sobrevivir en una economía donde los precios se mueven muy por encima de sus sueldos. “La gente, sea del signo político que sea, sabe que el gobierno lo está haciendo mal y que tiene una política que va en contra de la clase trabajadora”, ha resumido uno de los voceros sindicales consultados en reportes recientes.
Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro continúa defendiendo su narrativa de recuperación económica y control de la inflación, y ha respondido a muchas de estas protestas con silencio oficial, retrasos en la negociación o, en algunos casos, con criminalización y detenciones de dirigentes sindicales. Organismos de derechos humanos y expertos laborales advierten que, si no se producen aumentos reales y una revisión profunda de la política salarial, las protestas podrían intensificarse a lo largo de 2026, con más sectores sumándose a las calles para exigir salarios dignos y respeto a la organización sindical