La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que 91 presos políticos en Venezuela padecen enfermedades graves y corren riesgo de morir bajo custodia si no reciben atención médica inmediata y adecuada. La ONG afirmó que el deterioro físico de estos detenidos no es un efecto colateral, sino parte de una “violencia estructural” ejercida mediante la negación de tratamientos, diagnósticos y condiciones mínimas de salud en los centros de reclusión.
De acuerdo con la coordinadora general de JEP, Martha Tineo, entre los 91 presos políticos enfermos hay al menos ocho con cáncer en estado avanzado, incluyendo casos de adenocarcinoma de próstata, cáncer pulmonar microcítico, linfoma no Hodgkin, sarcoma epitelioide y tumores pancreáticos y cerebrales. La organización también reporta más de 20 casos de patologías cardíacas, como síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias severas e hipertensión crónica, además de personas con diabetes e insuficiencia renal.
JEP denunció que muchos de estos detenidos no reciben los medicamentos prescritos, no son trasladados a centros de salud especializados y ni siquiera cuentan con evaluaciones médicas periódicas. Algunos requieren sondas urinarias, insumos específicos o tratamientos continuos para evitar complicaciones fatales, pero no los obtienen porque el sistema penitenciario no los provee y sus familias no tienen recursos para costearlos.
Según la ONG, esta combinación de enfermedades graves, abandono sanitario y condiciones carcelarias insalubres configura un escenario en el que “los presos políticos están siendo dejados morir lentamente”. El organismo subrayó que la falta de atención oportuna, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a espacios sin higiene adecuada violan de manera directa el derecho a la vida y a la integridad personal.
“Cuando el Estado convierte la enfermedad en castigo y la negligencia en método, estamos ante una forma de tortura silenciosa”, señaló Justicia, Encuentro y Perdón al pedir acciones urgentes de organismos nacionales e internacionales. La ONG exigió evaluaciones médicas integrales, acceso real a medicamentos, traslados a hospitales cuando sean necesarios y la concesión de medidas humanitarias o excarcelaciones para los casos más críticos.
JEP contabiliza 1.084 presos políticos en Venezuela, una cifra superior a la que maneja el Foro Penal, que ha reportado cerca de 893 personas detenidas por motivos políticos. Mientras tanto, el Gobierno venezolano y el Ministerio Público insisten en que en el país no existen presos políticos, sino ciudadanos procesados por delitos comunes, pese a las reiteradas denuncias de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
Informes recientes de organizaciones internacionales han documentado que muchos detenidos han sufrido desapariciones forzadas, incomunicación prolongada, falta de debido proceso y restricciones extremas para acceder a servicios médicos. En este contexto, Justicia, Encuentro y Perdón alertó que, si no se adoptan medidas inmediatas, podrían producirse nuevas muertes de presos políticos en custodia del Estado venezolano, lo que alimentaría aún más las preocupaciones sobre patrones de tortura y tratos crueles en el sistema penitenciario.