El dirigente sindical Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo, fue detenido dentro de los tribunales de Caracas luego de presentarse voluntariamente para cumplir una medida cautelar que tenía vigente desde 2017. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Escalante acudió a la cita judicial como parte de su obligación de presentación periódica, pero el tribunal revocó de forma sorpresiva dicha medida y ordenó su reclusión inmediata.
Clippve denunció la detención como “arbitraria” y la señaló como una nueva muestra de persecución contra el movimiento sindical en Venezuela. Recordó que Escalante ya había sido arrestado en 2017, cuando fue acusado de hechos que nunca fueron probados y pasó casi cinco meses preso en la cárcel militar de Ramo Verde, donde sufrió un marcado deterioro en su salud antes de obtener su excarcelación bajo régimen de medidas cautelares.
Según la organización, durante todos estos años el presidente de Fetracarabobo cumplió estrictamente con las obligaciones impuestas por el tribunal, por lo que la decisión de detenerlo ahora, sin explicar razones jurídicas claras, confirma el uso del sistema de justicia como mecanismo de castigo y amedrentamiento contra líderes obreros. Fetracarabobo forma parte de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuyo secretario general, Elías Torres, también ha sido denunciado como víctima de desaparición forzada, en un contexto de creciente hostigamiento a las organizaciones de trabajadores.
Clippve exigió la liberación inmediata de Omar Escalante y denunció la criminalización del sindicalismo como una violación a la libertad de asociación y a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La organización recordó que Fetracarabobo ha mantenido una posición firme en defensa de salarios dignos, pensiones justas y derechos laborales básicos, lo que la ha convertido en blanco de campañas de asedio, vigilancia y amenazas en medio del empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora.
En su pronunciamiento público, el comité advirtió que “defender derechos laborales no es delito” y que “cumplir con medidas judiciales no puede convertirse en una trampa para encarcelar” a dirigentes incómodos para el poder. También llamó a los mecanismos internacionales de derechos humanos a seguir de cerca el caso de Escalante y otros líderes sindicales procesados, asegurando que el movimiento obrero venezolano “no está solo” y que continuará denunciando estos hechos “sin silencio ni olvido”