Un informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela documenta que, antes de las elecciones del 28 de julio, mandos militares dieron instrucciones para “controlar” las protestas que se anticipaban, lo que derivó en una respuesta abiertamente letal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército contra manifestantes. El documento detalla que los funcionarios no actuaron para dispersar o herir, sino que su conducta apuntó directamente a matar, con disparos dirigidos a zonas vitales del cuerpo.
Según el informe, en protestas como las registradas en Maracay, los militares llegaron equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas, gases lacrimógenos y vehículos blindados, pero rápidamente pasaron de lanzar gases sin advertencia previa a disparar munición de “perdigones grandes” y proyectiles a corta distancia contra la multitud. Todas las víctimas mortales presentaron impactos en áreas críticas, lo que refuerza la conclusión de que hubo una decisión consciente de usar fuerza letal contra quienes reclamaban en las calles tras el 28J.
El informe también recoge que, mientras se multiplicaban las denuncias por asesinatos y lesiones graves, las autoridades venezolanas intentaron atribuir la violencia a “grupos delincuenciales instrumentalizados” vinculados a la oposición y a los llamados “comanditos” organizados para la campaña. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, en cambio, hablan de una represión sistemática: reportan decenas de manifestantes y transeúntes asesinados, miles de detenidos y un patrón de militarización y criminalización de la protesta catalogado ya como posible crimen de lesa humanidad.
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