El gobierno de Venezuela autorizó el zarpe de dos supertanqueros (VLCC) cargados de crudo pesado Merey rumbo a China, en medio del bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump contra los buques petroleros sancionados. De acuerdo con fuentes ligadas a las exportaciones, estas embarcaciones serían apenas el segundo y tercer superpetrolero en salir de aguas venezolanas desde que Estados Unidos incautó un buque que transportaba petróleo venezolano la semana pasada.
Ambos tanqueros transportan alrededor de 1,9 millones de barriles cada uno y no figuran en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que les permite zarpar jurídicamente sin violar de forma directa las medidas punitivas de Washington. Sin embargo, forman parte de la llamada “flota fantasma”, un grupo de buques que suele navegar con transpondedores apagados o con datos de ubicación falsos para ocultar sus rutas reales mientras movilizan crudo de países como Venezuela, Rusia o Irán.
Las fuentes indicaron que los supertanqueros despegan desde el principal terminal petrolero del país, el puerto de Jose, en el oriente venezolano, donde permanecen fondeadas decenas de embarcaciones a la espera de instrucciones en plena ofensiva de sanciones. Estados Unidos ha advertido que no permitirá la salida de buques sancionados de aguas venezolanas, pero ha dejado una ventana para aquellos que no estén incluidos formalmente en la lista negra, como ocurre en este caso.
Analistas citados por medios especializados señalan que la operación busca mantener a flote los ingresos petroleros de Caracas asegurando ventas hacia Asia, especialmente a refinerías chinas que están acostumbradas a manejar crudo con riesgo de sanciones. Al mismo tiempo, advierten que estos movimientos incrementan la exposición de la flota fantasma a nuevas medidas de Estados Unidos, que podría expandir su ofensiva si considera que Venezuela está usando resquicios legales para evadir el bloqueo petrolero recién endurecido.
La luz verde a estos dos supertanqueros se interpreta como una señal de que PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro no están dispuestos a detener por completo sus exportaciones, aun cuando buena parte de los 75 buques asociados a la flota que opera en aguas venezolanas enfrenta riesgos de sanciones o restricciones de aseguradoras internacionales. Para los críticos, el uso creciente de barcos sin cobertura plena y con transpondedores apagados aumenta el peligro de accidentes, derrames y disputas legales, mientras el país sigue dependiendo casi por completo del petróleo para obtener divisas.