El gobierno de Nicolás Maduro anunció el zarpe del buque Canopus Voyager, de la compañía estadounidense Chevron, cargado con crudo venezolano rumbo a Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones por el bloqueo marítimo y la incautación de tanqueros ordenada por Donald Trump. La vicepresidenta Delcy Rodríguez difundió un video en su canal de Telegram donde celebra la salida del buque “en estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por la industria petrolera venezolana”, presentando la operación como prueba de que “nada ni nadie detendrá” al país.
Según medios internacionales, el Canopus Voyager transporta alrededor de 500.000 barriles de crudo venezolano con destino a Texas, amparado en la licencia especial que permite a Chevron seguir operando en asociación con PDVSA pese a las sanciones al petróleo venezolano. A diferencia de los tanqueros Skipper y Centuries, recientemente confiscados por EE UU por considerarlos parte de la “flota fantasma venezolana”, el buque de Chevron estaría formalmente autorizado y no figura en la lista negra del Departamento del Tesoro, lo que Caracas usa para mostrar que aún puede colocar parte de su crudo en el mercado estadounidense.
El anuncio se produce mientras Washington mantiene una “persecución activa” contra un tercer petrolero, el Bella 1, en aguas del Caribe, dentro del despliegue militar que acompaña el bloqueo total a los buques petroleros sancionados. Desde la Casa Blanca, voceros acusan a Venezuela de utilizar barcos con “bandera falsa” para traficar petróleo robado y financiar un régimen narcoterrorista, mientras Caracas denuncia las incautaciones como actos de “piratería de corsarios” y promete ejercer “todas las acciones correspondientes” en organismos internacionales.
En este tablero, el envío de un cargamento operado por Chevron funciona como un gesto político y económico: por un lado, Maduro intenta mostrar que todavía hay canales legales para exportar; por otro, Estados Unidos preserva un margen de relación controlada a través de una empresa norteamericana mientras aprieta al resto de la flota vinculada a PDVSA. Para analistas, el episodio ilustra la paradoja de una Venezuela sometida a bloqueo marítimo y sanciones, pero que al mismo tiempo sigue enviando parte de su petróleo al propio país que lidera la presión internacional en su contra.