El gobierno de Nicolás Maduro confirmó la excarcelación de 99 presos políticos, detenidos tras las protestas que estallaron luego de la cuestionada reelección presidencial de julio de 2024, marcada por denuncias de fraude de la oposición. El Ministerio para el Servicio Penitenciario aseguró en un comunicado que el sistema de justicia decidió “evaluar caso por caso” y otorgar medidas cautelares como una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.
De acuerdo con cifras difundidas por el propio gobierno, más de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de esas protestas y, de ellas, unas 2.000 ya habrían sido liberadas en procesos previos, mientras el régimen insiste en que en Venezuela “no hay presos políticos”, sino personas encarceladas por la comisión de “terribles hechos punibles”. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y otras ONG de derechos humanos, sin embargo, recuerdan que aún permanecen cientos de detenidos por motivos políticos, algunos bajo figuras como terrorismo, conspiración o incitación al odio, y exigen la libertad plena y sin condiciones para todos ellos.
Entre los beneficiados se encuentra la médica Marggie Orozco, condenada a 30 años de prisión por un mensaje de WhatsApp en el que criticó a Maduro, caso emblemático del uso del sistema penal para castigar la disidencia. Según medios internacionales, 65 hombres habrían salido del penal de Tocorón, tres mujeres del centro de reclusión Las Crisálidas y tres adolescentes de centros policiales en La Guaira, mientras familiares y activistas advierten que la lista oficial completa aún no es pública y que muchos excarcelados salen con régimen de presentación, prohibición de declarar o restricciones de movilidad.
La medida llega en pleno pico de confrontación con Estados Unidos, cuando la administración de Donald Trump ha declarado al régimen de Maduro “organización narcoterrorista extranjera”, ha ordenado el bloqueo total de los petroleros sancionados e impulsa un despliegue militar y naval alrededor de Venezuela. Analistas ven en esta liberación masiva un movimiento táctico de Caracas para intentar mostrar gestos de “apertura” y bajar la presión internacional, sin desmontar la estructura represiva que ha permitido mantener encarcelados a opositores, activistas, militares, estudiantes y ciudadanos de a pie durante años.