La Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo cierra el período 2021-2025 como una pieza funcional del sistema autoritario de Nicolás Maduro, más que como un parlamento democrático encargado de controlar al poder. Bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, el Legislativo sirvió para cooptar, neutralizar y legitimar las decisiones del Ejecutivo y del resto de poderes alineados con el oficialismo, según politólogos consultados por Efecto Cocuyo.
El politólogo Guillermo Tell Aveledo resume que esta AN no fue un espacio de pluralismo, sino un mecanismo de “cooptación y neutralización” de actores, donde el chavismo integró a una parte de la oposición “tolerada” y dejó fuera a las fuerzas realmente desafiantes para el régimen. En esa lógica, la cámara funcionó como un foro donde se escenificaba debate, pero las decisiones estratégicas se tomaban fuera del Parlamento, en la cúpula política y militar de Maduro.
Por su parte, el politólogo Piero Trepiccione echó en falta un “Parlamento deliberante, representativo del conflicto político real del país”, y afirmó que lo que existió fue un órgano diseñado para acomodar la institucionalidad al funcionamiento de un sistema autoritario. No hubo contrapesos efectivos, ni posibilidad real de que el Legislativo incidiera de manera autónoma sobre las políticas del Ejecutivo, ni mucho menos de que investigara o sancionara abusos de poder.
Mientras los expertos hablaban de cooptación, control y neutralización, Jorge Rodríguez ofreció su propio balance triunfalista: aseguró que la AN culmina el período con 100 leyes sancionadas y más de 300 sesiones, todas —según dijo— “para proteger al pueblo venezolano y a la República”. Entre esas normas destacó leyes sobre Chamba Juvenil, protección de personas con trastorno del espectro autista, maternidad y paternidad, leyes del poder comunal, así como instrumentos para impulsar una “nueva economía productiva” como la Ley de Zonas Económicas Especiales y la Ley de Nuevos Emprendimientos.
Pero junto a ese paquete “social” y económico, el Parlamento también aprobó leyes de alto impacto político que refuerzan la arquitectura del régimen. Figuran, entre otras, la Ley Constitucional Antibloqueo “Simón Bolívar”, la Ley de Extinción de Dominio y, como cierre simbólico del período, la Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, hecha a la medida del choque actual con Estados Unidos por la incautación de petroleros y el bloqueo marítimo.
Para el chavismo, esta legislatura significó la “recuperación” de la Asamblea Nacional, después del ciclo opositor 2016–2020, al que acusa de promover sanciones, “entregar activos” y “someter al país a intereses extranjeros”. Pero para los analistas, lo que realmente se consolidó fue un modelo de parlamento subordinado, donde una oposición minoritaria y adaptada convivió con una mayoría oficialista que marcó la agenda, definió los límites del disenso y operó como sostén político del Ejecutivo.
Aveledo subraya que esta AN fue clave para normalizar institucionalmente al régimen tras la derrota política que significó para el chavismo perder la Asamblea en 2015. Al instalar un nuevo Parlamento en 2021, luego de unas elecciones cuestionadas, el oficialismo logró un reacomodo que le permitió mostrar hacia dentro y hacia afuera una imagen de “legalidad” y “funcionamiento constitucional”, aunque en la práctica se mantuvieran la concentración de poder y la ausencia de alternancia real.
Trepiccione, por su lado, apunta que, en un contexto autoritario, el Parlamento puede cumplir tres funciones: decorativa, legitimadora y de control simbólico de élites. En su opinión, la AN de Rodríguez combinó las tres: decoró el régimen con una fachada pluralista, legitimó decisiones estratégicas —incluidas leyes penales y económicas que blindan al poder— y ayudó a gestionar tensiones dentro del chavismo y con sus aliados “opositores” leales al sistema.
Mientras el jefe del Legislativo insiste en que esta fue una etapa de “cooperación, reconstrucción y defensa del pueblo”, los especialistas coinciden en que la legislatura 2021–2025 pasará a la historia como un eslabón más en la construcción jurídica del autoritarismo venezolano: muchas leyes, mucha retórica de soberanía y protección, pero cero control real sobre un poder que se autoprotege y se reproduce desde arriba.