La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, hoy convertida en figura clave tras la captura de Nicolás Maduro, figura en la lista de sancionados de la Unión Europea (UE) junto a 68 altos cargos del chavismo. Bruselas la señala por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, así como por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela.
Las sanciones europeas contra el régimen venezolano se activaron en noviembre de 2017, pero Delcy Rodríguez fue incorporada en junio de 2018, cuando ya tenía un rol central en la estructura de poder chavista. Las medidas implican congelación de activos, prohibición de recibir fondos o recursos económicos y prohibición de viajar al territorio de la UE, un veto que, en teoría, le cierra las puertas del espacio Schengen salvo excepciones muy contadas.
Pese a ese castigo, la dirigente protagonizó el famoso “Delcygate” en 2020, cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas y se reunió con el entonces ministro español José Luis Ábalos, a pesar de tener la entrada prohibida a Europa. El caso desató un escándalo político en España y puso bajo la lupa hasta qué punto las sanciones a Rodríguez se respetaban o se manejaban con discrecionales “permisos especiales” cuando convenía a algunos gobiernos.
El Consejo de la UE renovó estas sanciones el 15 de diciembre de 2025, extendiéndolas al menos hasta el 10 de enero de 2027, alegando “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho” y “continuas violaciones de derechos humanos y represión de la oposición” tras las elecciones del 28 de julio de 2024. En esa misma lista aparecen nombres como Diosdado Cabello, Tarek William Saab, ex altos mandos militares y exjefes del Tribunal Supremo, es decir, el corazón del sistema de poder que sostiene al chavismo.
Rodríguez ya intentó recurrir las sanciones ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero en 2021 los jueces europeos desestimaron su demanda y ratificaron que sus actuaciones “socavaron la democracia y el Estado de Derecho” en Venezuela. Mientras tanto, el régimen venezolano califica estas medidas como “ilegítimas” y las usa en su discurso como ejemplo de “agresión imperial”, incluso cuando, en paralelo, Delcy intenta presentarse ante Estados Unidos y otros actores como interlocutora válida para una eventual transición.