Un grupo de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, inició una huelga de hambre para exigir su libertad y denunciar las condiciones inhumanas de reclusión a las que están siendo sometidos, según denunció el activista Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela. La protesta se produce en medio de un clima de angustia entre los familiares, que permanecen a las afueras del centro penitenciario sin información clara sobre el estado de salud de los detenidos ni sobre las medidas que las autoridades podrían tomar frente a la huelga.
Moreno informó que, como represalia por la protesta, un grupo de estos presos políticos fue sometido a aislamiento prolongado en celdas de castigo, donde habrían sido obligados a permanecer desnudos, sin acceso regular a agua, alimentos ni artículos básicos de higiene. El defensor de derechos humanos advirtió que las condiciones inhumanas existentes en El Rodeo I han llevado a los reclusos a un nivel extremo de desesperación y preocupación constante, al punto de arriesgar su salud y su vida mediante una huelga de hambre para intentar llamar la atención sobre su situación.
Ante la gravedad del caso, Moreno hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que ponga la mirada en lo que está ocurriendo con los presos políticos en Venezuela y se pronuncie frente a las violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión del país. Subrayó que los gritos de auxilio que salen desde El Rodeo I no son casos aislados, sino parte de un patrón de tratos crueles, degradantes y de castigos colectivos que se han denunciado de manera reiterada ante instancias nacionales e internacionales.
De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en el centro penitenciario El Rodeo I hay al menos 102 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, así como varios extranjeros incluidos en los listados que la organización mantiene actualizados. Este penal, ubicado en las afueras de Caracas, fue señalado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a mediados de diciembre por la falta de información oficial sobre los detenidos, situación que los coloca en una posición de especial vulnerabilidad frente a abusos y desapariciones de facto.
El OVP recordó que, desde 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales a favor de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios Rodeo I y Rodeo II, debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable para la vida y la integridad personal de los reclusos. Pese a esas órdenes internacionales, las denuncias recientes indican que la situación no solo no ha mejorado, sino que persisten régimenes de castigo, restricciones severas a las visitas y limitaciones al ingreso de alimentos y medicinas enviados por los familiares.
El organismo de derechos humanos documentó que, en diciembre, al menos cinco presos políticos de El Rodeo I llevaban 49 días bajo un régimen de castigo, sin poder recibir visitas ni paquetes, lo que implicó una reducción crítica de su acceso a comida adecuada, medicación y contacto con sus familias. En respuesta a esa situación, el OVP informó que activó acciones internacionales ante la Corte IDH, alertando sobre el deterioro acelerado de la salud física y mental de los reclusos sometidos a estas condiciones.
El drama de El Rodeo I se hace aún más visible en el testimonio de Edmundo González Urrutia, quien denunció públicamente el caso de su yerno, Rafael Tudares, detenido desde hace más de 374 días y señalado por delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. González relató que, durante más de un año, la familia no tuvo información verificable sobre su paradero ni sobre su estado de salud, lo que calificó como una “desaparición forzada prolongada”, con un proceso judicial manejado prácticamente en la clandestinidad.
El líder opositor explicó que solo recientemente su hija Mariana pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, luego de 374 días sin escuchar su voz ni obtener una sola certeza sobre su situación. Ese breve encuentro permitió constatar que Tudares se encuentra “visiblemente deteriorado física y emocionalmente”, lo que refuerza las denuncias sobre el impacto devastador que tienen las condiciones de reclusión en El Rodeo I sobre quienes permanecen allí como presos políticos.
La denuncia sobre la huelga de hambre en El Rodeo I se produce, además, en paralelo a un proceso de excarcelaciones que el oficialismo anunció desde el 8 de enero y que ha generado expectativas entre las familias de los detenidos. Según el balance ofrecido por Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, hasta este fin de semana se contabilizan 139 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura que la cifra asciende a 155 liberaciones.
Sin embargo, la huelga de hambre en El Rodeo I recuerda que, más allá de los anuncios y de los números, decenas de presos políticos siguen tras las rejas, muchos de ellos en condiciones que organizaciones independientes describen como incompatibles con los estándares mínimos de respeto a la dignidad humana. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente la protesta ni ha ofrecido información detallada sobre la situación de los huelguistas, lo que incrementa la preocupación de familiares, activistas y organismos internacionales frente a lo que ocurre dentro de este penal.