El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, supone un “retroceso histórico” en materia de soberanía petrolera y viola principios claves de la Constitución de 1999. Según el pronunciamiento difundido por la organización, el nuevo marco legal desmonta en los hechos el modelo de control estatal sobre la industria, abre la puerta a la privatización de la operación del negocio petrolero y consolida lo que llaman el “Modelo Chevron”, basado en contratos opacos amparados en la Ley Antibloqueo.
Para el PCV, el núcleo del cambio es la regularización de los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten que empresas privadas asuman la operación de campos petroleros “a su cuenta y riesgo”, mientras PDVSA queda reducida a un rol de simple cobrador de impuestos y regalías. Aunque la reforma insiste en que la propiedad de los yacimientos se mantiene en manos del Estado, los comunistas advierten que en la práctica se pierde el control operativo, lo que consideran una forma de privatización encubierta de la actividad petrolera reservada al Estado en el artículo 302 de la Constitución.
El documento alerta que la combinación de Ley Antibloqueo + CPP + reforma acelerada configura un esquema legal hecho a la medida de las grandes transnacionales y de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump, que ya anunció que compañías de Estados Unidos empezarán “muy pronto” a perforar en Venezuela. A juicio del PCV, el proyecto prioriza las garantías al capital privado (seguridad jurídica, arbitraje, manejo de divisas) por encima del control estatal y de la maximización de la renta petrolera para financiar derechos sociales, rompiendo con la línea histórica que el chavismo decía defender.
Los comunistas también cuestionan el procedimiento exprés en la Asamblea, donde la mayoría chavista aprobó la reforma en primera discusión sin un debate amplio con trabajadores petroleros, universidades u otras fuerzas políticas, en un tema que consideran de “importancia capital” para la economía nacional. Recuerdan que la ley de 2006 se presentó como un avance para recuperar la industria tras el paro petrolero y que ahora, con la nueva reforma, se desmontan esos equilibrios para adaptarlos a las demandas de las transnacionales y del nuevo socio estratégico, Estados Unidos.
En su conclusión, el PCV afirma que el texto representa un “retroceso significativo en la soberanía energética y económica”, al diseñar un marco que subordina el interés público a la lógica del capital privado y deja en la discrecionalidad del Ejecutivo la asignación, modificación y terminación de los contratos, sin mecanismos sólidos de control ciudadano. Por ello exige la derogación inmediata de la Ley Antibloqueo, el retiro del proyecto de reforma y la apertura de una discusión nacional que ponga en el centro a los trabajadores petroleros, a las comunidades y a la defensa integral de la propiedad y operación estatal del petróleo.