La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una Ley de Amnistía General que abarcará hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta la actualidad, con el argumento de “favorecer la convivencia y la paz social en Venezuela”. El anuncio lo hizo durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde explicó que la iniciativa fue coordinada con Nicolás Maduro y será remitida a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación en los próximos días. Rodríguez pidió que nadie actúe movido por la “violencia o la venganza” y defendió la amnistía como un paso para cerrar un ciclo de confrontación y persecuciones políticas.
La medida llega tras casi un mes de excarcelaciones de presos políticos, iniciadas después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un hecho que desató una ola de liberaciones bajo distintas figuras jurídicas. El chavismo asegura que ya se han liberado más de 600 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos manejan una cifra de 302 excarcelados y advierten que muchos de ellos siguen sometidos a medidas cautelares, restricciones para salir del país y riesgo de nuevas detenciones. La amnistía general pretende ir más allá de los indultos individuales al borrar las causas penales de los beneficiarios, lo que eliminaría antecedentes y condicionamientos judiciales que hoy se usan como mecanismo de presión política.
Organizaciones civiles y defensores de presos políticos han reclamado durante años una amnistía amplia que incluya no solo a los encarcelados, sino también a personas perseguidas, inhabilitadas o forzadas al exilio por motivos políticos. El anuncio de Rodríguez se interpreta como una respuesta tardía a esas demandas y como parte del reacomodo institucional que vive Venezuela tras el quiebre del poder encabezado por Maduro, ahora fuera del país y bajo custodia extranjera. Sin embargo, juristas y activistas advierten que el texto de la ley será determinante para saber si se trata de una verdadera limpieza del expediente represivo o de una maniobra para maquillar violaciones de derechos humanos sin garantizar verdad, justicia y reparación. También subrayan que una amnistía mal diseñada podría dejar en la impunidad crímenes graves cometidos por cuerpos de seguridad y colectivos armados, algo que ya ha sido cuestionado en debates previos sobre mecanismos de perdón masivo.
Se espera que en la Asamblea Nacional se abra una discusión sobre el alcance de la amnistía, el período que cubrirá, los delitos incluidos y las exclusiones obligatorias en materia de crímenes de lesa humanidad, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Sectores de oposición y organizaciones de víctimas reclaman que no se use la amnistía como un borrón y cuenta nueva que sacrifique la rendición de cuentas a cambio de la estabilidad política, sino como parte de una transición con garantías de no repetición. En paralelo, partidos como el MAS y plataformas de derechos humanos recuerdan que han planteado desde hace años una amnistía general, acompañada de depuración del sistema de justicia y desarme de los colectivos, como condiciones mínimas para una paz sostenible. En este contexto, la ley que ahora anuncia Rodríguez se convierte en una pieza clave: puede ser el cierre jurídico de dos décadas de represión o, por el contrario, el inicio de una nueva etapa de impunidad disfrazada de reconciliación.