El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que se haga público de inmediato el proyecto de ley de amnistía anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al advertir que no puede convertirse en otro ofrecimiento opaco manejado a espaldas de las víctimas. La organización recordó que se habla de una norma que supuestamente abarcaría hechos de persecución política desde el inicio del chavismo, pero que a la fecha ni los familiares ni las ONG han podido ver el texto oficial ni saber con precisión quiénes serían beneficiados y en qué condiciones.
Voceros del Comité señalaron que, mientras se discute la amnistía, todavía hay cientos de presos políticos tras las rejas, muchos de ellos con años de detención preventiva, causas viciadas y retardo procesal que el propio gobierno dice querer corregir. Advirtieron que cualquier iniciativa seria debería partir del reconocimiento del daño causado, tanto por las detenciones arbitrarias como por la criminalización de la protesta, y garantizar no sólo excarcelaciones sino también reparación a las víctimas y garantías de no repetición. En ese sentido, recordaron que desde hace semanas organizaciones como Foro Penal vienen proponiendo una amnistía general para más de 800 detenidos por motivos políticos, sin que ello implique impunidad para delitos de lesa humanidad.
El anuncio de la amnistía lo hizo Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial, cuando habló de una ley que cubriría todo el periodo de “violencia política” desde 1999, con la promesa de cerrar causas y “reparar heridas” derivadas de la confrontación. Según lo dicho entonces, la redacción del proyecto quedó en manos de la Comisión para la Revolución del Poder Judicial, presidida por Diosdado Cabello, y del recién creado Programa de Convivencia y Paz, con carácter de urgencia para su aprobación por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ausencia de un texto público y de un cronograma claro ha encendido las alarmas entre las ONG, que temen que la amnistía se convierta en una herramienta selectiva, usada como ficha de negociación política y no como verdadera medida de justicia transicional.
El Comité insiste en que la discusión del proyecto no puede quedar reducida a los despachos oficiales ni a reuniones cerradas, sino que debe incluir a familiares, defensores de derechos humanos, expertos y víctimas directas de la represión. A su juicio, solo un debate abierto permitirá garantizar que la amnistía alcance no solo a dirigentes políticos visibles, sino también a militares perseguidos, activistas sociales, periodistas y miembros de comités de víctimas, muchos de los cuales siguen enfrentando procesos judiciales o medidas restrictivas de libertad. Documentos de organizaciones como Foro Penal han planteado como referencia el 1 de febrero de 2014, fecha cercana a las primeras grandes protestas contra Nicolás Maduro, como punto de partida para abarcar toda la ola de criminalización posterior.
En paralelo, actores internacionales siguen de cerca el proceso. España, por ejemplo, ha pedido que la ley de amnistía se concrete “con rapidez” y de forma integral, en coordinación con las organizaciones de derechos humanos, mientras que distintos gobiernos y organismos multilaterales insisten en que cualquier paquete de perdón no puede borrar investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el punto de partida es sencillo: que el gobierno publique el texto completo, abra la discusión y demuestre con hechos —y no solo con anuncios— que está dispuesto a desmontar el sistema de persecución que llevó a cientos de venezolanos a la cárcel por razones políticas.