En enero, mientras el gobierno interino vendía al mundo la idea de una “apertura” tras la captura de Nicolás Maduro, los gremios de prensa y las ONG documentaron un escenario muy distinto para el periodismo venezolano: detenciones, deportaciones, cierres de emisoras y censura estructural siguieron marcando la rutina informativa. Según el CNP Caracas, las agresiones contra periodistas y medios confirmaron que el aparato de control y castigo a la prensa sigue activo, aunque ahora se maquille con discursos de transición.
Detenciones, deportaciones y “libertades vigiladas”
El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, denunció que al cierre de enero al menos seis periodistas y comunicadores seguían detenidos arbitrariamente, mientras otros excarcelados permanecen bajo regímenes de “libertad vigilada” con prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante tribunales. El gremio advirtió que esas medidas no son libertad plena, sino una extensión del castigo que busca controlar y silenciar a los comunicadores, en línea con lo que ya ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El balance del Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del CNP Caracas recogió, solo en enero de 2026: 16 detenciones arbitrarias de periodistas durante la instalación de la Asamblea Nacional del 5 de enero, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 14 impedimentos de cobertura, 10 casos de borrado forzado de material periodístico y 7 episodios de hostigamiento y persecución. En paralelo, informes del SNTP y del CPJ coincidieron en que al menos 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos ese mismo 5 de enero, la mayoría de ellos de agencias y medios internacionales, mientras cubrían la toma de posesión de Delcy Rodríguez.
Cierres de emisoras y censura radial
La ofensiva también alcanzó a la radio. El CNP Caracas denunció el cierre administrativo de las emisoras Impacto 105.3 FM en Táchira y Unika 92.1 FM en Caracas, decisiones que se suman a un patrón de censura radial ejercida por Conatel mediante sanciones, órdenes de cierre y no renovación de concesiones. Estos casos refuerzan un diagnóstico ya reiterado por el SNTP: en Venezuela, la libertad de expresión se restringe no solo con detenciones, sino también con el apagón progresivo del espectro radioeléctrico, especialmente para voces críticas o independientes.
Los gremios advierten que este “apagón” va más allá de la radio. Según el SNTP, más de 60 medios digitales siguen bloqueados en internet por decisiones de origen estatal, lo que configura una censura estructural que reduce el pluralismo informativo y limita el derecho de la ciudadanía a acceder a fuentes diversas. A ello se suman órdenes de eliminar contenidos, decomiso de equipos y revisiones forzadas de teléfonos y computadoras de reporteros, prácticas que el sindicato y organizaciones internacionales califican como violaciones directas a los estándares de derechos humanos.
Vigilancia, borrado de material y “periodismo bajo tutela”
Los informes coinciden en describir un patrón de vigilancia coercitiva en contra de la prensa. Durante las detenciones del 5 de enero, funcionarios de seguridad revisaron equipos, obligaron a los periodistas a desbloquear sus teléfonos, accedieron sin orden judicial a llamadas, mensajes, redes sociales y archivos en la nube, y en varios casos exigieron el borrado de material informativo. El SNTP subraya que estas prácticas buscan intimidar, generar autocensura y criminalizar el ejercicio periodístico, al tiempo que se normaliza la idea de que cubrir actos de interés público puede terminar en retención, deportación o apertura de procesos penales.
El caso de Ramón Centeno, excarcelado el 14 de enero y hoy bajo un régimen de presentación, se ha vuelto emblema del costo humano de este modelo. El CNP Caracas alertó que Centeno requiere cirugía urgente y que su salud quedó severamente deteriorada por las condiciones de reclusión, mientras el “tutelaje judicial” dificulta el acceso pleno a tratamiento y recuperación. Para el gremio, este tipo de “libertad condicionada” se ha convertido en una forma de castigo extendido que mantiene a los reporteros bajo una amenaza permanente.
“El periodismo no es un delito”
Tanto el CNP Caracas como el SNTP insisten en que no es posible hablar de una transición democrática real mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria de periodistas. Bajo la consigna “El periodismo venezolano no se rinde”, la seccional capitalina exige la libertad inmediata y sin condiciones para comunicadores como Rory Branker, Marifel Guzmán, Juan Pablo Guanipa, Deivis Correa, Pedro Uribarri y Jonathan Carrillo, y el cese de los procesos y medidas de presentación contra colegas excarcelados.
Los gremios recuerdan que la libertad de expresión y el acceso a la información no son concesiones del poder, sino derechos humanos fundamentales amparados por la Constitución y por tratados suscritos por Venezuela. A un mes del 3 de enero, el balance que ofrecen es claro: habrá nuevos discursos, nuevas leyes y nuevos interlocutores con la comunidad internacional, pero la censura, la criminalización del periodismo y el miedo en las redacciones siguen intactos.