A un mes de la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y el fin abrupto de su gobierno, Venezuela vive una transición tutelada, con cambios acelerados en la cúpula del poder, la economía y la política exterior, pero también con claros signos de continuidad del andamiaje chavista. La presidencia interina de Delcy Rodríguez se sostiene sobre la vieja estructura institucional, mientras opera bajo la presión directa de Estados Unidos y otras potencias que condicionan la apertura económica y las reformas políticas.
1. Nuevo poder, misma estructura
Tras el vacío generado por la caída de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia en medio de máxima tensión, sin desmontar el aparato chavista que controla poderes civiles, militares y judiciales. Su gobierno funciona bajo una suerte de “tutela internacional”, con una agenda marcada por Washington: liberar presos políticos, habilitar una ley de amnistía, abrir la economía y fijar un calendario de cambios institucionales. En la práctica, el sistema no ha colapsado: se está reacomodando a toda velocidad para sobrevivir al cambio de liderazgo y a la presión externa.
2. Amnistía y cierre de cárceles emblemáticas
Uno de los gestos más visibles fue la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía General, que abarcaría hechos de violencia política desde 1999, excluyendo delitos como homicidio, narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos. La propuesta, celebrada con cautela por parte de la oposición, está bajo la lupa de organizaciones como Foro Penal, que advierten del riesgo de que se convierta en un filtro selectivo o en una vía para garantizar impunidad a cuadros claves del régimen. En paralelo, el anuncio del cierre de centros de reclusión como El Helicoide o La Tumba tiene un fuerte componente simbólico, pero el control judicial y los jueces ligados al chavismo siguen intactos.
3. Apertura petrolera sin precedentes
En el plano económico, el giro más contundente es la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada a toda velocidad y que revierte pilares del modelo de Hugo Chávez. La nueva normativa abre la puerta a que empresas privadas, nacionales y extranjeras, asuman operaciones de exploración, producción y comercialización de crudo, reduciendo la centralidad operativa de PDVSA y dando más margen a contratos bajo reglas favorables al capital. Este cambio se articula con las licencias de Estados Unidos que permiten exportar diluyentes y preparan una autorización general para que petroleras extranjeras extraigan crudo en Venezuela, creando un esquema donde la recuperación petrolera depende de capital y normas externas.
4. Reordenamiento de alianzas internacionales
La transición también ha acelerado el giro geopolítico. Con Maduro fuera del poder y bajo custodia estadounidense, el gobierno interino ha reforzado los puentes con Washington y aliados occidentales, mientras rebaja el perfil de viejos socios como Rusia, Irán y Cuba. La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, el despliegue de enviados especiales y las negociaciones sobre deuda, sanciones y cooperación energética son parte de una agenda en la que Venezuela vuelve a ser pieza de un tablero regional, pero ahora bajo un esquema de control externo mucho más explícito.
5. Calle entre esperanza y escepticismo
En la vida cotidiana, el país se mueve entre una esperanza cautelosa y un escepticismo duro después de años de promesas incumplidas. Muchos venezolanos ven la caída de Maduro como un hito histórico, pero no suficiente: siguen presentes la crisis de servicios, la precariedad salarial, el deterioro de la salud y la migración como válvula de escape. Las calles reclaman cambios más profundos —“que se vayan todos”— y una renovación real del liderazgo, mientras temen que la transición se quede en una redistribución del poder dentro del mismo sistema, ahora bajo supervisión internacional y con nuevas reglas económicas, pero con viejas prácticas de opacidad y corrupción.