La Asamblea Nacional de mayoría chavista tiene previsto iniciar este jueves la primera discusión del proyecto de “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para beneficiar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta hoy. La sesión está convocada para el mediodía y el punto único en el orden del día es el debate general del proyecto, que luego deberá pasar por una segunda discusión artículo por artículo antes de ser sancionado y enviado a Miraflores para su promulgación y publicación en Gaceta Oficial.
Organizaciones como Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han criticado que, a pocas horas del debate, no se conozca el articulado completo de la ley y solo circule la exposición de motivos, lo que califican como una “omisión incompatible con la transparencia y la participación democrática”. JEP advierte que el hermetismo impide evaluar con rigurosidad criterios de inclusión y exclusión, efectos jurídicos y estándares internacionales, y teme que la amnistía termine siendo un acto político sin impacto real en la protección de derechos humanos si no se abre a escrutinio público.
El proyecto llega al Parlamento en medio de un lento proceso de excarcelación iniciado el 8 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, con centenares de presos liberados según el gobierno, aunque ONG calculan entre 600 y 700 personas que seguirían detenidas por motivos políticos y miles sometidas a medidas judiciales o exilio. La propuesta de Delcy Rodríguez, anunciada como una amnistía general que abarcaría toda la “violencia política desde 1999”, excluye expresamente a quienes estén procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones de derechos humanos, según adelantaron la propia mandataria y medios que han tenido acceso a la justificación del proyecto.
ONG como Foro Penal llevan tiempo reclamando una amnistía que no solo libere a presos, sino que anule las causas y establezca garantías de no repetición, reparación y mecanismos independientes de verificación, algo que, señalan, todavía no está claro en el diseño oficial. Por eso, tanto JEP como Acceso a la Justicia exigen que se publique de inmediato el texto íntegro del proyecto para que víctimas, expertos y sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y alertar sobre posibles riesgos de impunidad selectiva o exclusiones arbitrarias.
En lo político, la ley se presenta como un gesto clave de la transición tutelada: el chavismo busca mostrar que está dispuesto a liberar presos y “reparar heridas”, mientras mantiene el control del proceso legislativo y marca los límites de quién será beneficiado y quién no. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha dicho que aspira a aprobar la ley por unanimidad y que envíe un “mensaje poderoso de nuevo momento político”, pero el desenlace dependerá de si el texto final responde a las exigencias de ONG, familiares de detenidos y oposición, o si se impone una amnistía hecha a la medida de la supervivencia del chavismo en el poder.