El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, excarcelado el domingo tras más de ocho meses preso, volvió a quedar en la mira del sistema judicial chavista luego de que el Ministerio Público solicitara al tribunal que le revocara el beneficio de liberación por presunto “incumplimiento de las condiciones” impuestas al salir de la cárcel. La decisión se produce después de que el líder de Primero Justicia, aliado cercano de María Corina Machado, encabezara una caravana de motorizados y vehículos que se dirigió a varios centros de reclusión, incluida la antigua Zona 7 de Boleíta, para exigir la libertad de los presos políticos.
De la celebración familiar a una nueva medida en menos de 24 horas
Guanipa fue detenido a finales de mayo de 2025 y acusado por Diosdado Cabello de integrar un supuesto “grupo terrorista” que pretendía boicotear las elecciones legislativas, cargos que su familia y organizaciones de derechos humanos calificaron desde el inicio como una persecución política. El pasado domingo, la ONG Foro Penal y su propio hijo Ramón Guanipa confirmaron su excarcelación, celebrando que, tras ocho meses de cárcel y año y medio de persecución previa, “toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo”.
Sin embargo, la alegría duró muy poco. Según medios y ONG, en menos de 24 horas Guanipa se puso al frente de una caravana de motos y carros que recorrió puntos emblemáticos de la represión, entre ellos El Helicoide y la antigua Zona 7, para acompañar a familiares que mantienen vigilias frente a las cárceles y exigir la liberación de quienes aún siguen detenidos.
El Ministerio Público lo acusa de violar las condiciones
En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó que, “en el ejercicio de sus atribuciones”, solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar que había permitido la excarcelación de Guanipa, alegando que se verificó el “incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”. El texto recuerda que las medidas cautelares “están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones” y que su violación faculta al juez, a solicitud del MP, a revocar o sustituir la medida por otra más gravosa, conforme a la legislación vigente.
De acuerdo con reseñas internacionales, la Fiscalía plantea ahora que Guanipa sea pasado a un régimen de “detención domiciliaria”, lo que en la práctica sustituiría la libertad bajo medida por casa por cárcel, limitando nuevamente su capacidad de movilización política.
Organizaciones de derechos humanos advierten que el caso demuestra cómo la supuesta apertura ligada a la futura Ley de Amnistía convive con la criminalización inmediata de la protesta, incluso cuando se ejerce de forma pacífica. La propia excarcelación de Guanipa había sido interpretada como una señal de buena voluntad en vísperas de la discusión de esa ley, pero su rápida revocatoria envía un mensaje contrario: los beneficios pueden ser condicionados y reversibles si el opositor vuelve a desafiar al poder en la calle.
Un símbolo incómodo para la transición
Guanipa, que reapareció hablando de la necesidad de respetar el mandato del 28 de julio de 2024 y de avanzar hacia nuevas elecciones si el poder no reconoce esa victoria que la oposición se atribuye, se ha convertido en uno de los símbolos de la disidencia que el chavismo busca controlar aún en plena transición. Su caso ilustra la tensión de este momento político: mientras el gobierno interino exhibe cifras de cientos de excarcelados para mostrar apertura, el sistema de justicia sigue siendo usado para castigar rápidamente a quienes llevan esa nueva “libertad” hasta el límite de la protesta y la movilización.