Familiares de presos políticos y activistas advirtieron que más de la mitad de los detenidos por motivos políticos quedarían fuera del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que promueve el oficialismo en la Asamblea Nacional, tal como está redactado actualmente. La denuncia la hizo Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, durante una concentración frente al Palacio Federal Legislativo, donde reclamó que la norma se está diseñando sin escuchar a las víctimas.
Baduel explicó que el texto presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no cubre las detenciones ocurridas en años clave como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, periodos en los que se registró “más de la mitad de los casos” de presos políticos documentados por las organizaciones. Aunque el proyecto habla de amnistía para hechos desde 1999 hasta enero de 2026, el artículo 6 solo menciona de forma expresa algunos años (2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024), lo que en la práctica deja una amplia franja de detenciones en el aire.
La activista recalcó que la amnistía no significa “olvido e impunidad”, y advirtió que el gobierno pretende vender una ley de reconciliación que, en realidad, no revisa todos los casos y tampoco garantiza reparación ni justicia. A su juicio, una revisión seria de los expedientes de presos políticos implicaría libertad inmediata, porque “todos esos procesos están viciados de nulidad” al no cumplir con los protocolos legales.
Baduel cuestionó además que las familias no han sido realmente escuchadas en la supuesta consulta pública, pese a que decenas de ellas se trasladaron desde estados como Miranda, Carabobo y otras regiones para concentrarse alrededor del Parlamento y exigir fin de la represión, de la persecución y de las detenciones arbitrarias. Entre las cárceles mencionadas por los familiares están El Rodeo I, Yare, Tocuyito y varios comandos policiales, donde continúan recluidos militares, policías y civiles por motivos políticos.
Diputados oficialistas como Jorge Arreaza, presidente de la comisión que discute la ley, y Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, recibieron a una delegación de familiares que entró al hemiciclo para exponer sus “cuestionamientos y preocupaciones” sobre el proyecto. En paralelo, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 426 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado el 8 de enero, mientras que el gobierno habla de 897 personas excarceladas desde diciembre, sin publicar hasta ahora una lista oficial, lo que alimenta las sospechas de opacidad y control político sobre quién sale y quién permanece tras las rejas.