Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos protestaron este martes en los alrededores de la Asamblea Nacional, en Caracas, para exigir libertad plena e inmediata para más de 600 personas detenidas por motivos políticos y denunciar la cadena de promesas rotas en materia de excarcelaciones. Con pancartas, fotografías y consignas, reclamaron el fin de los “anuncios incumplidos” y exigieron fe de vida de varios detenidos de los que, aseguran, no reciben información desde hace meses.
Entre los mensajes que se leían en las pancartas destacaba uno que resumía el sentimiento de la jornada: “Si el silencio es obligatorio, nuestra libertad deja de existir”, mientras el grito que se repetía frente al Palacio Federal Legislativo era claro: “No más anuncios incumplidos”. Madres provenientes de distintos estados se sumaron a la protesta; una de ellas relató que tenía seis meses sin ver a su hijo y seis días durmiendo en un terminal de transporte a la espera de noticias sobre posibles liberaciones.
Los manifestantes mostraron fotografías de militares, policías y trabajadores detenidos, incluyendo imágenes de los presos del caso Corpoelec Guri, acusados de sabotear el sistema eléctrico nacional. Organizaciones como Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos acompañaron la actividad y exigieron amnistía plena y sin exclusiones, advirtiendo que la suspensión del debate legislativo sobre la Ley de Amnistía no puede convertirse en excusa para frenar liberaciones ni prolongar desapariciones forzadas.
Una delegación de familiares fue recibida por diputados de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía, entre ellos la opositora Nora Bracho, quien insistió en la necesidad de dejar atrás la criminalización de la disidencia y afirmó que este “es un trabajo para humanizar”, en reconocimiento al peso que recae, sobre todo, en las mujeres que esperan a las puertas de las cárceles. También estuvieron los oficialistas Jorge Arreaza y Pedro Infante, además de Luis Florido, quienes escucharon las exigencias mientras admitían que no hay fecha para la segunda discusión de la ley, suspendida nuevamente.
Las organizaciones civiles recordaron que “la libertad no debe ser selectiva” y que una amnistía negociada sin escuchar a las víctimas solo profundizará la fractura social y el deterioro institucional del país. Mientras el poder legisla a ritmo intermitente y habla de convivencia, frente al Parlamento la escena es otra: madres que no saben si sus hijos están vivos, activistas que hablan de desaparición forzada y un clamor que resume el desgaste de años de promesas vacías: menos anuncios, más libertades reales.