El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, presentado como una herramienta para cerrar más de dos décadas de conflicto político en Venezuela, avanza en la Asamblea Nacional en medio de fuertes cuestionamientos por la opacidad del proceso y la falta de participación ciudadana, advirtieron organizaciones y especialistas.
La iniciativa, aprobada en primera discusión por unanimidad, promete amnistía general para hechos de naturaleza política cometidos en los últimos 27 años, con el objetivo declarado de “superar la confrontación y garantizar la paz nacional”. Sin embargo, juristas y ONG sostienen que una norma de este alcance se está tramitando sin consulta amplia, con el texto completo apenas circulando de forma limitada mientras el Parlamento acelera su discusión.
Una ley de amplio alcance en un sistema restringido
El proyecto de amnistía plantea extinguir procesos penales, borrar antecedentes y cerrar solicitudes de extradición vinculadas a delitos políticos y conexos, enmarcados en episodios como las protestas de 2002, 2014, 2017, 2019 y la conflictiva etapa electoral de 2024. Paralelamente, el debate se desarrolla en un sistema político marcado por inhabilitaciones administrativas, partidos intervenidos, registros electorales congelados y una diáspora sin voto efectivo, lo que, según los críticos, limita la representatividad real del órgano que la discute.
Aunque el texto excluye de la amnistía delitos como crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, homicidio intencional, gran corrupción y narcotráfico, la preocupación se centra en cómo se definirá en la práctica esa frontera. El proyecto no crea instancias independientes ni fija estándares claros para evaluar caso por caso, dejando el poder de decisión en manos de tribunales ordinarios, Ministerio Público y Ministerio de Justicia.
Críticas por falta de consulta y riesgo de impunidad
Organizaciones como Provea y otras ONG de derechos humanos exigieron la publicación íntegra del texto y la apertura de un proceso de consulta real con víctimas, familiares, expertos y sociedad civil, como exige el artículo 211 de la Constitución. Advierten que una amnistía “no puede debatirse ni aprobarse a espaldas de las víctimas, sin estándares claros ni garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Constitucionalistas consultados alertan que la manera en que se está tramitando la norma reproduce una práctica ya conocida: leyes de alto impacto discutidas con premura y poca transparencia, lo que mina la confianza en una medida que, en teoría, debería abrir una nueva etapa de convivencia. Señalan que una reconciliación “decretada desde arriba”, sin deliberación abierta ni participación plural, corre el riesgo de convertirse en un gesto político más que en una solución de fondo.
Debate entre gesto de apertura y control político
En el plano internacional, la amnistía se interpreta como un movimiento clave en las negociaciones con Estados Unidos y Europa, en medio de discusiones sobre sanciones, petróleo y condiciones democráticas. No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan que, si se mantiene intacto el marco legal represivo y no se desmontan mecanismos de control político como las inhabilitaciones y las intervenciones judiciales de partidos, la ley podría funcionar como una válvula de escape sin cambios estructurales.
Analistas subrayan que el verdadero alcance de la amnistía dependerá menos de los discursos y más de su implementación concreta: quiénes serán beneficiados, cómo se tratarán las responsabilidades del Estado y qué garantías reales tendrán las víctimas frente a la posibilidad de que se consolide impunidad sin verdad ni reparación.