Familiares de presos políticos completaron este lunes 48 horas en huelga de hambre frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como Zona 7, para exigir la libertad inmediata y plena de todos los detenidos por motivos políticos. La acción, organizada por el Comité para la Libertad de Presos Políticos (ClippVe), se suma a la huelga de hambre iniciada por los propios presos el pasado viernes dentro de los centros de reclusión.
Según el testimonio recogido por periodistas y la agencia EFE, varias de las mujeres que participan en la protesta han comenzado a presentar complicaciones de salud. Una de ellas se desmayó dos veces y se descompensaba cada vez que intentaba levantarse, mientras otra reportó dolores de cabeza y problemas de presión arterial, lo que obligó a que en la noche recibiera suero intravenoso en la misma colchoneta donde permanece en vigilia frente al comando.
Personal de salud midió la tensión arterial de varias huelguistas para monitorear su estado físico, pero, pese a las advertencias médicas, las participantes insistieron en continuar la protesta hasta obtener respuesta a su exigencia de libertad sin condiciones. El partido opositor Primero Justicia responsabilizó al gobierno de Delcy Rodríguez de “cualquier daño que sufran las familias” durante la jornada de huelga, señalando que se trata de una consecuencia directa de la negativa oficial a liberar a los presos políticos.
De forma paralela, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 444 excarcelaciones de presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 hora local, en el marco del proceso de liberaciones anunciado por el gobierno. Sin embargo, la organización aclaró que no contabiliza como excarcelados a quienes, tras salir de la cárcel, permanecen bajo arresto domiciliario, por lo que su situación sigue siendo de privación de libertad.
En esa condición se encuentran, entre otros, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora, quienes fueron sacados de prisión hace una semana pero quedaron sometidos a régimen de casa por cárcel. En el caso de Guanipa, la Fiscalía lo encarceló de nuevo el mismo día en que salió en libertad, alegando un supuesto incumplimiento de las medidas cautelares, y luego un tribunal sustituyó la reclusión por detención domiciliaria, lo que ha sido denunciado como ejemplo de “puerta giratoria” en el manejo de los presos políticos.