El exmandatario venezolano Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos y procesado por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, pidió ser incluido en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que debate la Asamblea Nacional, según reveló su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra. De acuerdo con el relato del parlamentario, su padre lo llamó por teléfono y le dijo textualmente: “Amnistía no solamente para ellos, sino para nosotros también”, en alusión a los presos políticos y a los propios jerarcas del chavismo.
Maduro está recluido en un centro federal de altísima seguridad en Estados Unidos, bajo estrictas normas del sistema penitenciario de ese país, donde las comunicaciones son controladas, vigiladas y canalizadas a través de los mecanismos oficiales de la prisión. A diferencia de muchas cárceles venezolanas, en este tipo de instalaciones los internos no pueden tener teléfonos celulares, ni acceso libre a dispositivos electrónicos, y los contactos con abogados y familiares se realizan en locutorios separados por vidrios blindados, con llamadas monitoreadas y registros formales de cada comunicación.
En instituciones de este nivel, los defensores hablan con sus representados a través de intercomunicadores, mirando a sus clientes al otro lado del vidrio, y cualquier llamada telefónica se efectúa mediante sistemas internos de la prisión, que quedan grabados y supervisados, no por privilegios informales ni por la corrupción que caracteriza a muchas cárceles venezolanas. El hecho de que Maduro haya podido transmitir desde allí una petición política tan precisa a su hijo —para que la lleve al debate de la Asamblea— subraya que no se trata de “una llamada clandestina con un celular de pasillo”, sino de un uso deliberado de los canales de comunicación que el propio sistema estadounidense permite, bajo reglas estrictas.
Mientras el exmandatario intenta colarse en el “perdón general”, la discusión sobre la ley ha encendido críticas dentro y fuera del país. Analistas citados por ABC, como el politólogo Ramón Ibarra, sostienen que el proyecto tiene la “aviesa intención de meter en el mismo saco a las víctimas de los abusos y a los torturadores, asesinos y esbirros formados por el propio régimen desde tiempos de Chávez”. Juristas como Alberto Arteaga y Juan Carlos Apitz insisten en que los presos políticos no necesitan una amnistía para ser liberados, sino una simple decisión política que ordene su excarcelación inmediata.
Según cifras citadas por ABC y recogidas por El Nacional, desde el 8 de enero el gobierno ha excarcelado unos 450 presos políticos, pero aún quedarían alrededor de 644 detenidos, entre ellos 185 militares y 40 extranjeros, en un contexto de huelgas de hambre, denuncias de desnutrición y bloqueo de asistencia médica en centros como Zona 7 y el Fuerte Guaicaipuro. Mientras madres y esposas denuncian que a los militares “los están matando poco a poco” y familiares acampan a las puertas de las cárceles, el principal responsable político del aparato represivo intenta que una ley presentada como “de convivencia” termine extendiendo su sombra también sobre él.