– El video que recopila el momento en que Nicolás Maduro, todavía en el poder, ordenaba a la Fuerza Armada “no los suelten” mientras coordinaba personalmente las detenciones tras el 28 de julio, se ha convertido en un símbolo incómodo en medio de la discusión de la Ley de Amnistía y de la realidad actual: decenas de presos políticos en huelga de hambre en Venezuela y el propio Maduro preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, tratando de colarse en el “perdón” que antes negó a sus víctimas.
En el reel difundido por la cuenta @venezueladeayer, se recuerda cómo el entonces gobernante recorría Caracas rodeado de militares y, con tono de mando, insistía en que los detenidos en las protestas y redadas posteriores al 28J no debían ser liberados. Es el mismo contexto de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo sistemático de persecución y allanamientos nocturnos que dejó cientos de arrestos arbitrarios, denuncias de tortura y casos de desaparición forzada de corta duración, documentados por medios y organizaciones de derechos humanos.
Hoy, mientras madres y familiares de presos políticos cumplen huelgas de hambre frente a comandos como Zona 7 para exigir la libertad de sus hijos y esposos, el aparato judicial que ejecutó aquellas órdenes sigue utilizando la “puerta giratoria”: excarcela a algunos, vuelve a capturar a otros —como Juan Pablo Guanipa—, y recambia la cárcel común por la casa por cárcel con grillete y mordaza mediática. En paralelo, el oficialismo vende la Ley de Amnistía como gesto de convivencia, aunque más de la mitad de los presos políticos podrían quedar excluidos y buena parte de los exiliados no tienen garantías reales para regresar.
El contraste es brutal: el hombre que en el terreno ordenaba “no los suelten” sobre manifestantes y opositores está ahora encerrado en el sistema penitenciario federal estadounidense, donde rigen normas completamente distintas a las de las cárceles venezolanas. Allí, los internos no tienen teléfonos celulares ni “beneficios” informalmente comprados con corrupción; las comunicaciones se realizan en locutorios separados por vidrio y con sistemas de audio controlados, y toda llamada se canaliza por líneas internas monitoreadas y registradas. No hay chance de organizar una “operación Tun Tun” desde el pasillo, ni de girar líneas políticas a punta de llamadas clandestinas.
Mientras tanto, en Caracas, el hijo del exmandatario revela que su padre le ha pedido ser incluido en la Ley de Amnistía que discute la Asamblea Nacional, buscando que un instrumento presentado como reparación para las víctimas termine extendiendo su sombra también sobre quien ordenó “no soltarlas”. Es la paradoja perfecta de esta transición: los familiares de presos políticos se desviven frente a los calabozos por una libertad que nunca debió serles arrebatada, mientras el principal responsable de la maquinaria represiva intenta, desde una celda de alta seguridad en otro país, montarse en la ola de amnistía que jamás estuvo dispuesto a conceder cuando era él quien daba las órdenes.