La presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la eliminación de la Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra” y otros seis organismos adscritos al Despacho de la Presidencia, en una movida que, más allá del lenguaje oficial de “reordenamiento administrativo”, golpea directamente a parte de la estructura de movilización y control político construida durante años desde Miraflores. La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.985 del 15 de febrero de 2026.
La Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, creada en 2016 y presentada como programa de “formación y organización juvenil”, fue durante años señalada por la oposición como plataforma de financiamiento y articulación de grupos de choque y colectivos afectos al régimen, utilizados para intimidar, hostigar y reprimir protestas. Su supresión implica el cese inmediato de funciones y la apertura de un proceso de liquidación en el marco de la “simplificación” del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
El decreto también ordena la eliminación de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y de la Fundación Propatria 2000, estructuras históricamente asociadas a la ejecución de obras e infraestructura “insignia” del chavismo, muchas veces cuestionadas por opacidad, sobrecostos y uso clientelar de recursos. Junto a ellas, desaparece el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), un órgano clave del aparato de inteligencia y contrainteligencia, diseñado para monitorear y controlar el flujo de información sensible del Estado.
Otros entes suprimidos son la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS), vinculada a programas de rehabilitación de adicciones, y dos estructuras adicionales del Despacho presidencial, todos bajo el argumento de “elevar la eficiencia” y adaptar el Ejecutivo a las nuevas directrices políticas posteriores a la captura de Nicolás Maduro. Esta reconfiguración ocurre mientras Rodríguez profundiza un giro diplomático orientado a normalizar relaciones con el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y a mostrar señales de “racionalización” del Estado ante socios externos.
En la práctica, el cierre de la Misión Robert Serra y de estas instancias no solo achica la burocracia: desenchufa cajas políticas y operativas que fueron parte del esqueleto del madurismo. Con una mano, la nueva jefatura promete “eficiencia y reordenamiento”; con la otra, desmonta estructuras que sirvieron para movilizar recursos, disciplinar territorios y alimentar redes de lealtad y presión, dejando a más de un grupo acostumbrado a vivir del presupuesto público en un limbo que, para muchos, se traduce en una sola frase: colectivos desempleados.