La líder opositora María Corina Machado denunció que familiares de presos políticos han comenzado a colapsar físicamente frente a la sede policial de Zona 7, en Caracas, tras cerca de 40 horas en huelga de hambre extrema para exigir la libertad inmediata de sus allegados. De acuerdo con el reporte difundido por la dirigente en sus redes sociales, varias personas han sufrido desmayos y episodios de agotamiento severo en plena vía pública, sin que las autoridades den respuesta de fondo a sus demandas.
Machado describió la escena como la expresión más cruda de la desesperación de las familias, que han decidido llevar su protesta “hasta las últimas consecuencias” frente a un sistema judicial que consideran totalmente controlado por el Estado y cerrado a cualquier recurso efectivo. La dirigente hizo un llamado a que “el mundo entero vea” lo que está ocurriendo a las puertas de los calabozos, en un momento en que el oficialismo intenta vender la Ley de Amnistía como prueba de apertura y reconciliación.
Según la nota, los manifestantes —en su mayoría madres, esposas y hermanas de detenidos por motivos políticos— permanecen a las afueras del recinto policial sin ingerir alimentos, sosteniendo pancartas y consignas que reclaman libertad plena, sin condiciones ni medidas engañosas. El estado de salud de varias de ellas se ha deteriorado rápidamente, con descompensaciones, mareos y desmayos, pero aun así insisten en mantenerse firmes en su protesta.
Machado reiteró que no descansará hasta lograr la liberación de todas las personas encarceladas por razones ideológicas, y enmarcó lo que sucede en Zona 7 dentro de una crisis general de derechos humanos que incluye presos políticos aún sin juicio, condiciones carcelarias precarias y ausencia de garantías judiciales mínimas. La huelga de hambre, subrayó, es un “grito de auxilio por la libertad” que ya tiene impactos visibles en la salud de quienes, aun sin estar tras las rejas, viven día a día las consecuencias de la represión.
La emergencia en Zona 7 se suma a las denuncias de familiares y ONG que alertan sobre un patrón de “puerta giratoria”, excarcelaciones parciales y medidas de casa por cárcel que no resuelven el problema de fondo: un aparato judicial y de seguridad que sigue tratando la disidencia como delito, y que obliga a madres y familiares a deshidratarse en el asfalto para que alguien escuche su reclamo de justicia.