El Ministerio Público intentó justificar la detención del asesor petrolero Evanan Romero asegurando que el caso “no tiene nada que ver con temas petroleros”, sino con una vieja investigación por presunta estafa y asociación derivada de un conflicto comercial con un exsocio, de acuerdo con el comunicado oficial divulgado la noche del martes. La Fiscalía, controlada por el chavismo, afirmó que Romero —exdirector de Pdvsa, de 86 años y con doble nacionalidad— estaba “solicitado desde mayo de 2025” y que su arresto en el aeropuerto de Maracaibo obedeció a esa orden previa, descartando cualquier vínculo con su rol como asesor de empresas petroleras internacionales.
En la versión del Ministerio Público, el expediente contra Romero responde a una denuncia por estafa y asociación para delinquir y no guarda relación con la reactivación del sector energético ni con las gestiones que el ingeniero realiza para atraer inversiones a Venezuela. El comunicado insiste en que la medida de excarcelación bajo régimen de presentación fue solicitada “en atención a la edad del ciudadano investigado” y en supuesto apego a las garantías procesales. Según la Fiscalía, la causa seguirá abierta mientras se evalúan las pruebas relacionadas con el litigio que sostiene desde hace años con un empresario identificado como Giuseppe D’Agostino.
Sin embargo, el propio Romero y fuentes cercanas al caso han denunciado que nunca fue notificado de ese supuesto proceso y que el origen del conflicto es un viejo pleito contractual por la transferencia de acciones en una empresa vinculada al sector petrolero, un tema que, según su defensa, ya había sido resuelto a su favor por el Tribunal Supremo de Justicia hace más de una década. D’Agostino lo acusa de haber interferido deliberadamente para que una compañía llamada Iskratal incumpliera un contrato, alegando que Romero tergiversó el estado de un caso en tribunales de Miami para bloquear la operación.
La detención de Romero ocurrió el 13 de febrero en el aeropuerto internacional La Chinita, cuando se disponía a viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con petroleras internacionales, en medio de las gestiones de Washington para canalizar inversiones hacia la reconstrucción de la industria venezolana. Medios como Infobae y portales especializados recuerdan que el ingeniero ha sido un interlocutor clave con compañías como Exxon, ConocoPhillips, Repsol y Reliance, y que su nombre aparece asociado a propuestas de compensación por activos expropiados y nuevos proyectos energéticos. El arresto coincidió con la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, lo que alimentó las sospechas de que el movimiento tenía una fuerte carga política.
Organizaciones y analistas han señalado que, más allá de la explicación formal de la Fiscalía, el caso exhibe de nuevo la falta de independencia judicial en Venezuela y el uso del sistema penal como herramienta de presión en medio de negociaciones económicas y geopolíticas. De hecho, plataformas como Arcadia Foundation y sitios de análisis político apuntan a una posible retaliación cruzada entre grupos de poder y viejos socios, donde el fiscal general Tarek William Saab habría tomado partido mediante la activación tardía de una orden que, durante años, no impidió a Romero viajar libremente a Estados Unidos y Europa.