El Grupo Asesor Militar de la Ley de Amnistía advirtió que el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional incurre en una “desproporción penal” al excluir en la práctica a buena parte de los militares procesados por motivos políticos, pese a presentarse como una norma para cerrar el ciclo de persecución en Venezuela. De acuerdo con este colectivo de expertos castrenses y juristas, el texto genera un trato desigual entre civiles y militares, deja a muchos efectivos sin acceso al beneficio de amnistía y consolida una brecha que contradice el principio de igualdad ante la ley.
Aunque el proyecto no menciona de forma explícita una prohibición directa a favor de los militares, las fechas, “operaciones” y tipos de delitos cubiertos están redactados de tal manera que dejan por fuera a la mayoría de los casos castrenses, según el análisis del grupo asesor y de ONG como Foro Penal y Provea. El coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño sostiene que la normativa es “chucuta” porque excluye cerca del 80% de los militares encarcelados por razones políticas, muchos de ellos vinculados a presuntas conspiraciones o acusados bajo figuras como traición a la patria, instigación a la rebelión, terrorismo o asociación para delinquir.
Las organizaciones recuerdan que estos procesos suelen estar marcados por detenciones arbitrarias, pruebas débiles o fabricadas y fuerte injerencia del Poder Ejecutivo. En numerosos expedientes, según el coronel Valero y activistas consultados por Infobae y EFE, las acusaciones se apoyan en “patriotas cooperantes”, capturas de pantalla de chats, cadenas reenviadas o simples comentarios críticos sobre la situación del país, elevadas luego a delitos como rebelión o traición. Ante ese panorama, dejar fuera a la mayoría de los militares equivale, a juicio de estos voceros, a “legitimar” esa persecución y preservar el castigo para quienes se negaron a obedecer órdenes o denunciaron abusos dentro de la Fuerza Armada.
El debate se da mientras ONG y familiares reclaman que el proyecto de amnistía también excluye a exiliados, defensores de derechos humanos y presos políticos de distintas oleadas represivas, más allá del ámbito militar. En su estado actual, el texto no cubre varios episodios clave de detención, ni incorpora de manera amplia a víctimas de la Ley del Odio, activistas criminalizados o militares encarcelados desde 2018 en adelante, lo que refuerza la percepción de que se trata de una amnistía limitada y selectiva. Para los críticos, si el Parlamento no corrige estas exclusiones, la ley corre el riesgo de convertirse en un instrumento de puntería política, donde algunos son perdonados para limpiar la imagen del sistema mientras otros —especialmente en los cuarteles— quedan como chivos expiatorios de la vieja represión.