La versión completa de la declaración del exjefe de Inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal ante la Corte Penal Internacional (CPI) revela que el control de las protestas en Venezuela se diseñó en dos niveles coordinados desde la cúpula de poder: un control formal, ejercido por cuerpos de seguridad, y un control informal, ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares. En los audios filtrados, Carvajal afirma que Nicolás Maduro no solo ordenó, sino que también coordinó personalmente la respuesta violenta a las manifestaciones de 2014 y 2017, responsabilizándolo de las muertes, heridos y cientos de presos políticos que dejaron esas jornadas.
Según el testimonio, el control formal incluía a la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y otros organismos encargados, en teoría, del orden público. El control informal, en cambio, era operado “al margen de la ley” por grupos paraestatales y paramilitares —los llamados colectivos— activados para intimidar, reprimir y neutralizar opositores sin dejar directamente comprometido al Estado. Carvajal sostiene que esta estrategia dual fue decidida desde el inicio del mandato de Maduro, quien habría instruido públicamente que “toda protesta debía ser reprimida”, reforzando la idea de demostrar que su poder estaba “por encima de cualquier intento político o civil” de reclamo.
La declaración, obtenida y difundida por el periodista David Placer, también apunta a otros altos jerarcas del chavismo. Carvajal menciona a Diosdado Cabello y al actual hombre fuerte del aparato de seguridad, Gustavo González López, como parte de la estructura que ejecutó y perfeccionó esta política de represión sistemática. De acuerdo con la filtración, Carvajal describe al Estado venezolano como un entramado criminal que combinaba represión interna, alianzas con el narcotráfico y cooperación con grupos irregulares para sostener al régimen.
El exjefe de inteligencia venezolano ya se había declarado culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante la justicia estadounidense, admitiendo su rol en el llamado Cartel de los Soles y su colaboración con las FARC para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Ahora, su testimonio ante la CPI se perfila como una pieza clave en el expediente de crímenes de lesa humanidad por el caso Venezuela, al aportar detalles internos sobre cómo se decidían las órdenes de represión y quiénes integraban la cadena de mando. La CPI le había enviado un cuestionario formal a Carvajal para que colaborara con la investigación, lo que refuerza el peso de sus declaraciones en la etapa de recolección de pruebas.
Para organizaciones de derechos humanos y víctimas, la revelación de esta declaración confirma que la violencia no fue una suma de abusos aislados, sino una política de Estado diseñada desde la cúspide del poder político y militar. En la práctica, el testimonio de Carvajal se suma a informes previos de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y de ONG internacionales, y puede acelerar los pasos de la CPI hacia una posible formulación de cargos individuales contra responsables de alto nivel del chavismo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.