La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz ya fue aprobada por la Asamblea Nacional y se presenta como una norma “histórica” para liberar presos políticos y “cerrar el ciclo de persecución” en Venezuela. Pero el propio texto, las intervenciones en el Parlamento y las críticas de ONG y expertos muestran que se trata de una ley con alcances importantes, pero también con zonas grises, exclusiones y poder discrecional para el Estado.
Qué dice la ley y a quién apunta
La norma se concibe como una amnistía para delitos políticos y conexos cometidos en el marco de la crisis venezolana de los últimos años. El discurso oficial es que busca:
- Facilitar la liberación de presos políticos.
- Permitir el retorno de personas acusadas o investigadas por causas de naturaleza política.
- “Despresurizar” el conflicto y abrir paso a una nueva etapa de convivencia democrática.
En su letra, la ley incluye delitos vinculados a protestas, manifestaciones, discursos críticos y algunas figuras penales usadas para criminalizar la disidencia, en especial desde 2014 en adelante. Cubre a personas condenadas, imputadas o bajo investigación, siempre que los hechos estén conectados con el ejercicio de derechos políticos, civiles o de protesta.
Límites centrales: qué no queda cubierto
El gran debate está en lo que no toca la amnistía. La propia ley se cuida de excluir una serie de delitos considerados “graves”, entre ellos:
- Crímenes de lesa humanidad.
- Tortura y tratos crueles.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Delitos gravísimos contra la integridad de las personas.
También quedan fuera, por diseño, quienes hayan cometido delitos con ánimo de lucro personal, enriquecimiento o corrupción al margen del contexto político. La narrativa oficial es que la amnistía no puede convertirse en una “ley de impunidad” para violadores de derechos humanos ni para corruptos.
Sin embargo, ONG y especialistas han advertido que el texto no llega a las estructuras de mando responsables de la represión, ni aborda el rol de jueces, fiscales y cuerpos de seguridad que ejecutaron órdenes ilegales. Es decir, mientras manifestantes y opositores pueden beneficiarse, muchos operadores del sistema represivo permanecen al margen de cualquier revisión.
El punto más polémico: militares, fuerzas de seguridad y funcionarios
Uno de los focos que CNN y otras fuentes han puesto bajo la lupa es el trato a militares y funcionarios de seguridad.
- La ley no establece explícitamente una amnistía amplia para efectivos militares procesados por causas políticas.
- Los criterios de tiempo, tipo de delito y contexto dejan fuera a buena parte de los casos castrenses, como han denunciado grupos asesores militares y ONG.
Algo similar ocurre con policías, guardias nacionales y agentes de otros cuerpos que fueron procesados por negarse a reprimir, filtrar información o manifestar desacuerdo con órdenes internas. La crítica central es que la amnistía beneficia más a víctimas civiles y deja en una zona de sombra a quienes, desde dentro de las instituciones armadas, también terminaron perseguidos por razones políticas.
¿Qué pasa con exiliados, inhabilitados y perseguidos sin sentencia?
La ley habla de personas condenadas, procesadas o investigadas, lo que, en teoría, podría abarcar a:
- Exiliados con órdenes de captura o causas abiertas.
- Dirigentes con medidas cautelares o investigaciones sin sentencia.
- Personas con procesos congelados en fase de indagación.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado varios problemas:
- No hay una lista pública y clara de beneficiarios; la aplicación queda en manos de los mismos órganos que participaron en la persecución.
- La ley no toca directamente las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría u otros órganos administrativos, que han sido una de las principales armas para bloquear candidaturas opositoras.
- Muchos exiliados temen regresar porque, aunque la amnistía exista en el papel, siguen sin garantías efectivas frente a nuevas imputaciones, detenciones arbitrarias o montajes judiciales.
Críticas de ONG, víctimas y expertos
Desde antes de su aprobación, el proyecto fue señalado por ONG, plataformas de víctimas y especialistas en justicia transicional. Entre las principales objeciones destacan:
- Es una ley negociada desde arriba, sin suficiente consulta con víctimas y organizaciones que han documentado abusos.
- No incorpora mecanismos robustos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pilares básicos de una transición seria.
- Mantiene una lógica de “selectividad”: se perdona a algunos, se deja fuera a otros y no se toca a buena parte de los responsables de alto nivel.
Varias ONG advierten que esta amnistía no sustituye el trabajo de la Corte Penal Internacional, que investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ni puede usarse para frenar procesos de Justicia Universal en otros países.
El argumento del gobierno y sus aliados
Del lado oficial, la narrativa insiste en que la ley es un paso imprescindible para la “pacificación” y la estabilización del país. Los puntos que resaltan son:
- Liberación de un número importante de presos vinculados con protestas y disidencia.
- Posibilidad de “pasar la página” de la confrontación abierta.
- Señal a la comunidad internacional de que Venezuela está dispuesta a desmontar parte del aparato punitivo usado en la etapa de Maduro.
El gobierno de Delcy Rodríguez y sus voceros niegan que se trate de una ley de impunidad, y aseguran que se ha buscado un equilibrio entre justicia, reparación y estabilidad institucional. También subrayan que la norma no impide que violaciones graves a los derechos humanos sigan siendo investigadas y sancionadas.
¿Y ahora qué? La clave está en la aplicación
Más allá del papel, el verdadero alcance de la amnistía dependerá de:
- Cómo actúen tribunales, Fiscalía y cuerpos de seguridad a la hora de excarcelar, archivar causas o permitir regresos seguros.
- Si se corrigen, vía reglamentos o reformas, las exclusiones más evidentes, como la de muchos militares y exiliados.
- Si se avanza en paralelo en reformas judiciales y en el desmantelamiento del aparato de persecución, algo que organismos como Human Rights Watch y la Misión de la ONU han exigido como condición para hablar de transición real.
Por ahora, la Ley de Amnistía de 2026 se mueve en un terreno ambiguo: es, al mismo tiempo, una oportunidad para liberar a muchos que nunca debieron estar presos y una advertencia sobre los límites de una transición diseñada con prioridad en la “estabilidad” y no en una justicia plenamente integral.