Estados Unidos emitió una orden de deportación contra el activista venezolano y ex preso político Villca Fernández, luego de que fuera rechazada la apelación que presentó para evitar el cierre de su caso de asilo. El propio Fernández informó en su cuenta de X que la decisión de las autoridades migratorias deja ahora formalmente vigente una orden para expulsarlo del país, pese a los antecedentes de persecución, tortura y destierro que sufrió bajo el régimen chavista.
Fernández recordó que no “huyó” de Venezuela, sino que fue condenado al destierro por la dictadura, tras pasar más de dos años preso en El Helicoide, la sede del Sebin en Caracas, donde, según ha denunciado, fue víctima de torturas, aislamiento, castigos y negación de atención médica. En 2018 fue excarcelado con la condición de salir del país rumbo a Perú, y desde entonces se convirtió en testigo y denunciante ante organismos internacionales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo que lo mantiene en la mira de los mismos aparatos de persecución que lo encarcelaron.
En su mensaje, el activista calificó como “increíblemente lamentable” que su vida vuelva a estar en peligro justo en el país al que acudió “en busca de protección”. Subrayó que existen múltiples evidencias públicas de la persecución que ha sufrido —informes de Amnistía Internacional, reportajes de prensa y registros de su paso por El Helicoide— y criticó que, aun así, el sistema migratorio estadounidense no haya logrado distinguir con claridad entre víctimas y victimarios.
Aunque Fernández ha apoyado de forma explícita las iniciativas internacionales para detener a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del chavismo, considera que Venezuela sigue siendo un país sin garantías para alguien con su perfil. Señaló que muchas de las personas vinculadas a su detención en 2016 “siguen en puestos de poder”, por lo que un eventual retorno al país, o incluso un envío a un tercer país inseguro, lo dejaría nuevamente expuesto a represalias.
Horas antes de conocerse la orden de deportación, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pero Fernández advirtió que esa norma “no garantiza protección real” a quienes han sido perseguidos ni permite un retorno seguro para los exiliados. A su juicio, la ley mantiene intactos la tortura, el hostigamiento y la impunidad, y se parece más a una jugada política del régimen que a una verdadera respuesta a las víctimas.
El ex preso político insistió en que su caso no es aislado, sino que refleja la realidad de miles de venezolanos que huyeron o fueron desterrados y hoy enfrentan la incertidumbre de ser deportados desde Estados Unidos y otros países, pese a los riesgos que supone regresar a un entorno donde la represión sigue documentada por organismos internacionales.