El exfiscal general de la República Tarek William Saab volvió al centro de la polémica, esta vez no por un expediente judicial, sino por una cuenta de Instagram que hasta hace horas pertenecía al Ministerio Público y que ahora aparece rebautizada y convertida en un perfil personal del funcionario, luego de su renuncia y su inmediata juramentación como Defensor del Pueblo encargado. Usuarios, periodistas y especialistas en comunicación pública señalan que Saab se habría apropiado de la cuenta institucional, que acumulaba más de 356.000 seguidores, cambiándole el nombre y conservando la audiencia construida durante años con recursos y contenido del Estado venezolano.
La cuenta del Ministerio Público operaba bajo el usuario @MinisterioPublicoVE y era uno de los canales oficiales para difundir comunicados, avances de investigaciones penales y posicionamientos del despacho fiscal. Tras la renuncia de Saab como fiscal general, aceptada por la Asamblea Nacional el 25 de febrero, y el enroque que lo llevó a la Defensoría del Pueblo mientras Larry Devoe asumía la Fiscalía, el perfil en Instagram comenzó a mostrar un nombre distinto: “budistaestoico7”, asociado ahora a la imagen personal del exfiscal.
El cambio de usuario y de identidad del perfil ocurrió en cuestión de horas, según capturas de pantalla y registros difundidos por portales y cuentas de noticias regionales. Lo que antes era una cuenta institucional —con logo, descripción oficial y contenido centrado en el Ministerio Público— pasó a presentarse como un espacio personal vinculado a Saab, sin que mediara un anuncio formal de traspaso de administración ni la creación visible de un nuevo perfil para el organismo. Esta transformación inmediata desató una avalancha de críticas en redes sociales, donde muchos calificaron la maniobra como una especie de “expropiación digital” de un activo del Estado.
El periodista Luis Carlos, citado por medios locales, denunció públicamente que Saab “se quedó” con la cuenta de Instagram del Ministerio Público, al haberla renombrado y reutilizado como plataforma personal tras su salida del cargo. De acuerdo con esta denuncia, no se trató de un simple error de configuración, sino de una decisión deliberada para conservar un perfil verificado y una base de cientos de miles de seguidores que fueron acumulados durante años como audiencia institucional.
Especialistas en comunicación pública y gestión de redes de entes oficiales advierten que este tipo de cuentas verificadas forman parte del patrimonio comunicacional del Estado, independientemente de quién ocupe temporalmente la jefatura del organismo. En el caso del Ministerio Público, la cuenta no solo representaba la identidad digital de la institución, sino que servía de canal para informar a la ciudadanía sobre causas penales, imputaciones, acusaciones, operativos y ruedas de prensa, todo ello organizado y sostenido con recursos públicos. Convertir ese perfil en cuenta personal, sin proceso transparente, podría implicar una apropiación de un activo digital financiado por el Estado, alertan los analistas.
La polémica se produce, además, en un contexto político especialmente sensible: la salida de Saab de la Fiscalía se da menos de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y en medio de una restructuración institucional que ha tocado al sistema de justicia venezolano. Saab, figura histórica del chavismo y considerado uno de los defensores más férreos del antiguo mandatario, ocupó la Fiscalía desde 2017 y respaldó públicamente al gobierno de Maduro incluso tras su detención, antes de que se concretara su cambio de puesto hacia la Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la propia Defensoría del Pueblo han emitido comunicados para explicar qué ocurrió con la cuenta de Instagram, si se autorizó su modificación, si se transfirió su administración a Saab o si se abrirá un nuevo perfil institucional para el organismo. Tampoco se conoce si existen protocolos internos sobre el manejo de credenciales, contraseñas y activos digitales cuando se produce una transición de autoridades en cargos clave del Estado.
La ausencia de una versión oficial ha alimentado el debate sobre los límites éticos y legales en el uso de redes sociales que fueron construidas como bienes públicos. Abogados y activistas de transparencia señalan que, en otros países, las cuentas de instituciones —incluso cuando se apoyan fuertemente en la imagen de un funcionario— se consideran propiedad del Estado y deben quedar bajo control de la administración entrante, no convertirse en plataformas personales del saliente. En Venezuela, donde gran parte de la comunicación gubernamental se canaliza a través de redes sociales, el caso pone bajo lupa la forma en que se gestionan estos activos.
En redes, muchos usuarios ironizan con que Saab no solo habría intentado controlar el discurso penal durante años, sino que ahora también se lleva consigo al público cautivo de la institución, en un país donde la confianza en el sistema de justicia está severamente erosionada. Otros exigen una investigación administrativa que determine si hubo abuso de poder, mala praxis en el manejo de recursos comunicacionales o incluso posibles responsabilidades disciplinarias por desviar a uso personal una cuenta creada para servir al interés general.
Por ahora, la cuenta rebautizada sigue activa como perfil personal mientras el Ministerio Público permanece en silencio, dejando abierto un interrogante incómodo: si en la era de las redes sociales una institución tan sensible como la Fiscalía puede ver cómo su principal canal digital cambia de nombre de un día para otro sin explicación, ¿qué garantías tiene el ciudadano sobre la custodia y el uso correcto de otros activos públicos menos visibles?