Más de 120 organizaciones de la sociedad civil venezolana, dentro y fuera del país, advirtieron que la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no garantiza justicia ni reparación para las víctimas y, por el contrario, abre la puerta a nuevos ciclos de impunidad en Venezuela. En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que el texto legal tiene “vacíos críticos”, excluye a un número significativo de presos políticos, carece de un sistema integral de reparación y no incorpora mecanismos efectivos de verdad y garantías de no repetición, pilares básicos de cualquier proceso serio de justicia transicional.
Según los registros de las organizaciones firmantes, la ley deja por fuera a al menos 181 militares considerados presos políticos, además de decenas de civiles asociados a esos casos, a pesar de presentarse como una amnistía “general y plena”. En Venezuela, ONG de derechos humanos estiman que alrededor de 800 personas siguen privadas de libertad por razones políticas, lo que evidencia —a juicio de los firmantes— que el alcance real del instrumento “es claramente limitado”. “El texto excluye un número significativo de casos de personas privadas de libertad por razones políticas, particularmente militares”, subraya el comunicado.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la ausencia de un sistema integral de reparación. Las organizaciones recuerdan que, de acuerdo con estándares internacionales, un proceso de amnistía ligado a transición democrática debe contemplar medidas de restitución, compensación, rehabilitación y memoria histórica, y no limitarse a la excarcelación o al archivo de causas. Sin embargo, la ley aprobada no establece mecanismos claros de indemnización, programas de atención a víctimas, ni políticas para preservar la memoria de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos años.
Las ONG también denuncian que la norma no reconoce de forma expresa el derecho individual y colectivo a la verdad. El texto no crea instancias independientes para esclarecer los hechos, identificar patrones de violación, establecer responsabilidades ni garantizar la no repetición, aspectos considerados esenciales por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y otras redes internacionales para evitar que la amnistía se convierta en “punto final” de la búsqueda de justicia. “Un instrumento que prescinda de estos elementos representa un riesgo de perpetuar ciclos de impunidad”, advierten.
Otro punto delicado es el diseño institucional previsto para aplicar la ley. El artículo 9, que excluye de la amnistía las violaciones graves de derechos humanos, deja la evaluación de esos casos en manos de órganos cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada, como el propio sistema de justicia vinculado al chavismo. Para las ONG, esto implica que quienes participaron o encubrieron violaciones podrían terminar decidiendo qué casos entran o no en los beneficios, lo que mina la confianza de las víctimas en el proceso.
La norma contempla además la creación de una Comisión Especial de seguimiento, prevista en el artículo 15, pero las organizaciones la consideran insuficiente: se trataría de un órgano de carácter político‑administrativo, sin autonomía técnica ni supervisión internacional, sin mandato claro para investigar, esclarecer la verdad o formular políticas de reparación. En esas condiciones, alertan, la comisión corre el riesgo de convertirse en una instancia de discrecionalidad política, más que en una herramienta efectiva de justicia transicional.
Las organizaciones también cuestionan la omisión sobre las inhabilitaciones políticas, al señalar que la ley no incorpora medidas para anular las sanciones administrativas que han impedido a líderes opositores ejercer cargos o postularse a elecciones. Consideran que esa omisión impide la reintegración plena a la vida pública de quienes fueron perseguidos por motivos políticos, afectando directamente el derecho a la participación y la igualdad de condiciones en futuros procesos electorales.
En su pronunciamiento, las más de 120 ONG insisten en que la “verdadera convivencia democrática” no puede construirse sobre la base de un perdón otorgado por el victimario sin reconocimiento de responsabilidad. Reclaman que cualquier amnistía debe ir acompañada de reformas institucionales profundas, que incluyan independencia judicial, fin de la criminalización de la disidencia y mecanismos confiables para que el Estado rinda cuentas por las violaciones cometidas.
Por ello, instan a complementar la ley con un conjunto de medidas concretas:
- Creación de una Comisión de la Verdad independiente, con participación de expertos y acompañamiento internacional.
- Puesta en marcha de un sistema integral de reparación para las víctimas, con programas de restitución, indemnización, rehabilitación y memoria.
- Anulación de las inhabilitaciones políticas impuestas por motivos de persecución.
- Reformas que garanticen independencia judicial y el cese de la persecución política.
Las organizaciones recuerdan que la discusión y aprobación de esta ley se hizo, en buena medida, “de espaldas a las víctimas”, sin consulta amplia ni participación activa de los grupos de derechos humanos, pese a los reiterados llamados a incorporar sus observaciones desde el anuncio del proyecto el 5 de febrero. En este contexto, exigen el cese inmediato de la persecución política y la liberación de todas las personas detenidas injustamente, como condición mínima para que cualquier proceso de amnistía tenga credibilidad.
“La verdadera convivencia democrática no se construye con un perdón otorgado por el victimario sin reconocimiento de la falta, sino mediante un proceso integral en el que el Estado rinda cuentas y las víctimas sean resarcidas”, concluye el comunicado, al advertir que la sociedad civil tiene la responsabilidad histórica de no permitir que esta ley se convierta en el punto final de la justicia, sino en el punto de partida de una reforma institucional profunda que devuelva a los ciudadanos la confianza en la ley y en la democracia.