La abrupta salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General de la República abrió una catarata de versiones en Caracas: que le habrían ofrecido convertirse en magistrado y hasta presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la propia Delcy Rodríguez le habría pedido la renuncia con esa promesa sobre la mesa y que, al final, el “poeta” chavista acabó relegado a la Defensoría del Pueblo encargada, furioso y llevándose hasta la cuenta de Instagram del Ministerio Público como “recuerdo” de su paso por el cargo.
Lo único cierto y documentado es que Saab presentó su renuncia el 25 de febrero y que, en la misma jugada parlamentaria, la Asamblea Nacional designó al abogado Larry Daniel Devoe como nuevo fiscal general y reubicó a Saab como Defensor del Pueblo encargado mientras se instalan los comités de postulaciones para nombrar titulares. Pero en los pasillos del poder se da por hecho que el exfiscal no se fue por voluntad propia ni por simple “cansancio”: lo habrían empujado a salir, bajo la oferta de un ascenso al TSJ que nunca se concretó. Esa “promesa de magistratura” no aparece en ningún papel oficial, pero encaja con el estilo de maniobra fina que se atribuye a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Durante casi nueve años, Saab fue mucho más que un fiscal: se convirtió en pieza clave del aparato represivo diseñado por Nicolás Maduro, con miles de expedientes abiertos contra opositores, activistas, periodistas y manifestantes. ONG de derechos humanos lo señalan como corresponsable directo de más de miles de judicializaciones por motivos políticos, desde causas contra dirigentes como María Corina Machado y Edmundo González, hasta procesos armados en protestas y operaciones de inteligencia. Bajo su mando, el Ministerio Público fue un engranaje central del sistema de criminalización de la disidencia que hoy se revisa, a medias, bajo la nueva correlación de fuerzas sin Maduro en Miraflores.
Por eso, la jugada que lo saca de la Fiscalía tiene una lectura de fondo: con Maduro preso en Estados Unidos y con el sistema de justicia sometido a escrutinio internacional, Saab se convirtió en un fusible demasiado visible para seguir al frente del Ministerio Público. La versión que circula entre fuentes políticas es que Delcy Rodríguez habría sido la encargada de “convencerlo” de renunciar, ofreciéndole a cambio un aterrizaje suave en el TSJ, como magistrado y eventualmente como presidente del máximo tribunal, una silla de poder desde la cual seguir influyendo sin cargar el peso directo de la Fiscalía. Ese supuesto acuerdo, hasta ahora, se quedó en promesa.
Lo que sí se materializó fue una jugada magistral de los hermanos Rodríguez: Saab dejó de ser fiscal general, perdió el control directo sobre las investigaciones y la política penal, y terminó en un cargo de menor peso real, la Defensoría del Pueblo encargada, mientras otros deciden los nombramientos definitivos. En la práctica, pasó de ser el rostro jurídico del sistema a una posición más decorativa, justo cuando se discuten amnistías, revisiones de causas y mecanismos de justicia transicional que podrían poner bajo la lupa muchas de las decisiones que él mismo firmó durante años.
La ironía es que el hombre que fungió como fiscal de hierro del chavismo fue también quien ayudó a consolidar el Ministerio Público como órgano represor dentro del sistema ideado por Maduro. Su firma aparece ligada a órdenes de captura, acusaciones por “traición a la patria”, “instigación al odio” y otros tipos penales utilizados para silenciar voces críticas, mientras defendía públicamente a cuerpos de seguridad señalados por torturas y ejecuciones extrajudiciales. Hoy, sin embargo, es presentado como Defensor del Pueblo, un giro que para muchas víctimas suena a sarcasmo institucional: el mismo operador de la represión al frente del organismo que debería proteger a los ciudadanos.
En medio de esa transición forzada apareció otro episodio que alimenta la percepción de rabia y apropiación personal: la polémica por la cuenta de Instagram del Ministerio Público. Apenas horas después de su renuncia, el perfil oficial de la institución, con más de 356.000 seguidores y verificación, dejó de llamarse @MinisterioPublicoVE y fue rebautizado con un nombre asociado a Saab: “budistaestoico7”, convertido de facto en una cuenta personal, pero conservando la audiencia construida con recursos y contenidos del Estado.
Medios y periodistas especializados en redes sociales denunciaron que Saab se habría apropiado del activo digital institucional, cambiando nombre, foto y descripción, sin que se anunciara un nuevo perfil para la Fiscalía ni se explicara el destino del canal oficial. La maniobra fue calificada como una “expropiación digital”, un gesto que muchos interpretan como la reacción de un funcionario desplazado que, en su molestia, se lleva consigo “todo lo que consiguió” al frente del organismo, incluyendo la vitrina en redes sociales. Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Defensoría han ofrecido una versión clara, lo que refuerza la sensación de opacidad y de uso patrimonialista de herramientas públicas.
Mientras tanto, el nuevo fiscal general Larry Devoe intenta presentarse como rostro de una etapa de “revisión y corrección”, en un sistema donde las responsabilidades por años de persecución y violaciones de derechos humanos no desaparecen con una simple renuncia. Organismos internacionales miran de cerca no solo lo que hará Devoe, sino también qué tipo de protección política se le dará a Saab en su nuevo rol, y si las causas abiertas durante su gestión serán revisadas con rigor o se les echará tierra bajo la alfombra de la Ley de Amnistía y otros acuerdos.
En el tablero del poder, la jugada parece clara: los Rodríguez se sacan de encima a un fiscal convertido en lastre ante la comunidad internacional, lo reciclan en un cargo de menor impacto y se reservan la llave del TSJ y del Ministerio Público para el siguiente capítulo. Saab, en cambio, queda como símbolo perfecto de una era: el poeta que cambió metáforas por expedientes, ayudó a construir un aparato represivo y termina saliendo por la puerta trasera, con un cargo interino, muchas cuentas pendientes… y, según denuncian, hasta el Instagram del Ministerio Público bajo el brazo.