La inestabilidad crónica del bolívar, que cerró febrero de 2026 con una inflación anual cercana a 665% y una pérdida de más de 87% de su valor en un año, reactivó con fuerza el debate sobre la dolarización oficial de la economía venezolana. En este escenario, varios economistas ven la dolarización como un “paso lógico” para frenar la inflación y atraer inversión, mientras otros advierten que, sin cambios institucionales profundos, sería “una camisa de fuerza” que no resuelve la enfermedad de fondo.
Quienes apoyan la idea señalan que adoptar formalmente el dólar podría estabilizar precios, eliminar la emisión desordenada de bolívares y dar una señal de seriedad a los mercados, en un país donde buena parte de las transacciones ya se realizan en divisas desde hace años. Para estos analistas, la dolarización oficial solo reconocería la realidad de la dolarización de facto, facilitaría la planificación empresarial y ayudaría a reconstruir el poder de compra de la población tras décadas de inflación.
Pero otros expertos, como el economista Daniel Arráez, son tajantes: sin reinstitucionalización, independencia de poderes y fin de las sanciones, cualquier medida monetaria será “un pañito de agua fría”. Arráez advierte que, incluso con dólar oficial, el país seguiría con un banco central que decide cuántos dólares circulan, precios altos bajo estándares regionales y una profunda desconfianza sistémica que espanta la inversión.
Desde la academia, el decano Ronald Balza recuerda que dolarizar no garantiza disciplina fiscal: el Estado venezolano ha mostrado una larga historia de endeudamiento opaco, y sustituir la moneda nacional podría, además, aumentar la dependencia externa y dejar al país sin instrumentos para responder a caídas de ingresos petroleros o cambios en la política de la Reserva Federal de EE. UU.
En la misma línea, la economista Tamara Herrera advierte que una dolarización mal preparada llevaría a una “estabilización limitada”: menos inflación, sí, pero crecimiento restringido y poca capacidad de reacción ante shocks externos, especialmente si no existen reglas fiscales claras ni un fondo de estabilización que amortigüe las fluctuaciones del petróleo. Para ella, lo crucial es “curar la enfermedad de base”: la desconfianza en el bolívar y la falta de transparencia y rendición de cuentas.
El economista Luis Vicente León Grisanti reconoce los beneficios inmediatos de la dolarización –contención rápida de la inflación y eliminación de la incertidumbre cambiaria diaria–, pero la describe como una medida irreversible que elimina herramientas clave de política económica, algo especialmente delicado en una economía petrolera que depende de los vaivenes de los precios internacionales. Por eso propone, como pasos previos más realistas, eliminar el control de cambio y unificar el tipo de cambio, reduciendo distorsiones y corrupción antes de plantear un salto a la dolarización plena.
Otro ángulo del debate apunta al impacto sobre la criptoeconomía. Analistas advierten que una dolarización oficial podría reducir o desplazar los mercados P2P de dólares y USDT, que hoy son sustento de miles de venezolanos que viven de arbitraje y operaciones informales. Por eso, voces como la de Javier Bastardo hablan de una posible “dolarización híbrida”, donde convivan el dólar fíat y las criptomonedas, con USDT como conector a la economía global y bitcoin como herramienta de resistencia a la censura en un entorno de poca confianza bancaria.
En conclusión, la respuesta de los economistas a la pregunta “¿qué pasaría si se dolariza la economía de Venezuela?” es menos simple de lo que quiere oír la calle: la dolarización podría frenar la inflación y ordenar el tablero monetario, pero no arreglará sola la falta de instituciones sólidas, la opacidad fiscal y la dependencia petrolera. Sin reformas profundas y un marco creíble, el riesgo es cambiar de moneda… sin cambiar de problema.