El nuevo ciclo político en la Asamblea Nacional parece haberle abierto micrófonos y cámaras a un grupo de diputados de “oposición” que el propio electorado había mandado al rincón de los castigados: los llamados alacranes y varios políticos carcamanes reciclados por el sistema. En videos que circulan en redes sociales se ve cómo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, les da espacio en el hemiciclo y en la agenda mediática, mientras se presenta a sí mismo como árbitro del “debate democrático” frente a una oposición verdadera que, en buena medida, quedó fuera de juego por decisiones del régimen y del árbitro electoral.
La llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad y vendida como un hito para liberar a presos políticos y cerrar heridas de casi tres décadas, llega justo a tiempo para completar el cuadro. Lo que en el discurso oficial aparece como una gran medida de reconciliación, para muchos actores políticos y organizaciones de derechos humanos luce como un mecanismo de doble filo: deja fuera a numerosos perseguidos y, al mismo tiempo, funciona como un milagroso detergente legal para alacranes y dirigentes cuestionados por sus pactos con el poder.
La amnistía, impulsada desde Miraflores por Delcy Rodríguez, promete borrar causas judiciales vinculadas a conflictos políticos desde 1999, con excepciones para delitos graves como homicidio, narcotráfico o corrupción. En teoría, un texto de 16 artículos que abre la puerta a la liberación de centenares de personas y obliga a los tribunales a revisar expedientes en 15 días; en la práctica, un instrumento cuya aplicación queda en manos del mismo aparato judicial y de seguridad que fabricó buena parte de esos casos.
Organizaciones y plataformas opositoras ya han advertido que la norma se queda corta y que la lista de presos políticos que seguirán tras las rejas es mucho más larga de lo que el gobierno quiere admitir. Denuncian que militares acusados de rebelión, activistas emblemáticos y casos sometidos a desaparición forzada o tortura quedan fuera de la cobertura real del texto, mientras se mantiene intacta la estructura de jueces y fiscales que han convertido la justicia en herramienta de castigo selectivo.
En paralelo, desde redes y espacios de opinión se ha empezado a hablar de “la farsa de la amnistía” y del “show de los alacranes”. Perfiles de activismo denuncian que, en medio de la promesa de perdón y convivencia, la Ley de Amnistía también crea condiciones para blanquear expedientes y dar una nueva vida política a diputados y dirigentes que, durante años, construyeron su supervivencia a punta de acuerdos con el chavismo, controlando tarjetas, participando en elecciones sin garantías y sirviendo de bisagra en momentos clave.
La foto del Parlamento ayuda a entender el cuadro: un Legislativo con mayoría absoluta del oficialismo, presidido por Jorge Rodríguez, y acompañado por bancadas de “oposición” funcional, entre ellas fracciones señaladas como alacranes por la propia ciudadanía opositora. Mientras la Plataforma Unitaria Democrática se mantiene al margen y denuncia que la ley no garantiza una libertad plena y sin condiciones para todos los presos políticos, esos bloques sí sentados en el hemiciclo levantan la mano sin reparos para respaldar el texto propuesto por Rodríguez y por el Ejecutivo.
Las escenas que salen del Palacio Federal completan la narrativa: alacranes con micrófono, intervenciones “críticas” cuidadosamente acotadas y respuestas teatrales del propio Rodríguez, que los regaña, los encuadra y los devuelve a su papel, generando reels y clips virales. La exposición permanente de estos diputados y de viejos carcamanes reciclados no solo les da visibilidad, sino que los presenta como parte de una oposición institucional “normalizada”, justo cuando una ley de amnistía está a punto de borrar formalmente conflictos judiciales ligados a décadas de política envenenada.
El diseño de la amnistía refuerza esa doble lectura. Para acceder al beneficio, los presuntos favorecidos deben “ponerse a derecho” ante los tribunales, lo que para presos políticos reales significa volver a presentarse ante la misma justicia que los encarceló y exponerse a nuevas maniobras dilatorias o reinterpretaciones restrictivas. En cambio, para quienes han convivido cómodamente con el sistema –incluidos actores que han servido de bisagra entre el gobierno y fragmentos de oposición– el trámite se convierte en poco más que una formalidad que, al final del camino, les entrega un certificado de limpieza jurídica.
La unanimidad parlamentaria alrededor del texto también ha sido leída como una especie de pacto de autoprotección. En un país donde la línea entre “acusado político” y “aliado coyuntural” puede cambiar según el clima, contar con una ley amplia, manejable y aplicada por un Poder Judicial controlado resulta conveniente para cualquier actor que haya tranzado con el poder y tema futuras rendiciones de cuentas. Así, la misma norma que no alcanza a todos los presos de conciencia sí puede ofrecer, en la práctica, un paraguas anticipado a quienes han navegado años en aguas grises.
Mientras tanto, desde el punto de vista ciudadano, el mensaje que proyectan la Asamblea y la ley es inquietante. Por un lado, se vende al país y al mundo la imagen de un Parlamento plural donde se debaten leyes de reconciliación y todos aprueban “por unanimidad” el cierre del ciclo de persecución; por el otro, se acostumbra a la audiencia a ver a los mismos alacranes y carcamanes como protagonistas del show, mientras muchos de los dirigentes que se enfrentaron de verdad al poder siguen presos, en el exilio o inhabilitados.
El resultado, si nada cambia, puede ser una amnistía que logre menos de lo prometido en términos de justicia para las víctimas y mucho más de lo esperado en términos de reputación para quienes tuvieron pactos con el gobierno. Al final, el gran milagro podría no ser la liberación masiva de presos políticos, sino la resurrección política controlada de los alacranes y de los viejos políticos cuestionados, ahora estrenando expediente limpio y minutos de cámara, cortesía de Jorge Rodríguez y de una Asamblea hecha a la medida del poder.