Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se plantaron este lunes frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, para exigir la renuncia de Tarek William Saab como titular de ese despacho, pocos días después de que dejara la Fiscalía General y fuera “reciclado” por el régimen en el nuevo cargo. Los jóvenes reclamaron que Saab no puede presentarse ahora como garante de derechos humanos cuando, durante su gestión al frente del Ministerio Público, fue señalado dentro y fuera del país por encubrir ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de corta duración.
En la protesta, los universitarios corearon consignas contra Saab y sostuvieron pancartas que recordaban a víctimas de la represión de los últimos años, al tiempo que denunciaban la maniobra de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, que aceptó su renuncia como fiscal general para acto seguido designarlo como defensor del Pueblo encargado. La movilización se enmarca en una ola más amplia de rechazo de organizaciones de derechos humanos, que han alertado que el cambio de silla no borra la responsabilidad del funcionario en años de impunidad.
Más de un centenar de ONG ya habían exigido días atrás que Saab abandonara la Defensoría y fuera sometido a escrutinio por su rol en el andamiaje represivo. En un comunicado conjunto, 15 organizaciones —entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Laboratorio de Paz, Observatorio Provea y Transparencia Venezuela— advirtieron que “la renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales” y que la rendición de cuentas es condición para la no repetición de graves violaciones.
El historial del funcionario refuerza las críticas estudiantiles. Desde que fue nombrado fiscal general en 2017, en sustitución de Luisa Ortega Díaz, Saab encabezó investigaciones y procesos utilizados para encarcelar opositores, criminalizar la protesta y encubrir el uso letal de la fuerza por cuerpos como las FAES y otros cuerpos de seguridad del Estado, según informes de ONG y de instancias internacionales. Human Rights Watch, por ejemplo, calificó su designación como defensor del Pueblo como “un golpe para las víctimas”, al recordar su papel en la persecución sistemática de la disidencia.
Los estudiantes de la UCV enmarcan su exigencia en esa misma línea: sostienen que alguien que fue parte clave del aparato judicial del chavismo, y que avaló con su inacción y discursos la represión de protestas y el encarcelamiento de críticos, no puede liderar una institución llamada a velar por los derechos de los ciudadanos. Por eso, además de exigir su renuncia inmediata, piden que se abra un proceso de investigación independiente sobre su actuación tanto en la Fiscalía como en la propia Defensoría.
La protesta universitaria se suma a otras manifestaciones recientes de estudiantes en distintas casas de estudio del país, que han salido a la calle a reclamar respeto a la autonomía, mejores condiciones y el cese de la criminalización de la protesta social. En el caso de la UCV, la figura de Saab tiene una carga simbólica adicional: fue justamente desde espacios vinculados al movimiento estudiantil y a organizaciones de la sociedad civil donde, en años anteriores, se exigió sin éxito su salida por apoyar decisiones como las sentencias del TSJ que disolvieron en la práctica a la Asamblea Nacional electa en 2015.
Mientras la Defensoría guarda silencio frente a estas demandas, las organizaciones de derechos humanos insisten en que el relevo real pasa por un cambio de modelo, no por una reasignación de cargos entre las mismas figuras. Reclaman un defensor del Pueblo independiente, electo bajo estándares acordes con el Protocolo de París y sin vínculos con estructuras de poder señaladas de violar derechos humanos, algo que, a su juicio, Saab no puede garantizar por su trayectoria.