Familiares y defensores de los militares y civiles detenidos por el caso de la llamada “Operación Gedeón” volvieron a encender las alarmas sobre la situación de los 32 presos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, a quienes describen como desnutridos, aislados y usados como piezas de presión política por el poder chavista. En sus denuncias sostienen que estos hombres ya no son simples procesados, sino “rehenes” del aparato represivo que, aseguran, responde directamente a figuras del alto mando del régimen, con especial responsabilidad atribuida a Diosdado Cabello, uno de los principales operadores del caso desde 2020.
Las condiciones en las que se encuentran los detenidos volvieron a quedar expuestas después de que, tras más de seis meses de desaparición forzada, sus familiares pudieran verlos brevemente en el Fuerte Guaicaipuro. De acuerdo con testimonios recogidos por medios nacionales, el estado físico y mental de los presos fue calificado como grave: los describen como “desnutridos”, “esqueletos ambulantes”, temblando mientras comían y con la mirada perdida, tras largos períodos de aislamiento y castigo.
La visita, lejos de llevar tranquilidad, aumentó la preocupación. Los familiares relataron que pudieron ver a sus parientes apenas a través de una reja, rodeados de funcionarios encapuchados y con teléfonos en mano grabando cada palabra, lo que, denuncian, convirtió el encuentro en un acto vigilado y sin privacidad. Bajo ese ambiente, los detenidos afirmaron que recibían buen trato y que no eran víctimas de maltratos físicos, pero los parientes aseguran que esas respuestas parecían condicionadas por la presencia de los custodios y de las cámaras de grabación, por lo que hablan de un testimonio bajo presión.
Organizaciones y familiares insisten en que el patrón de desapariciones, traslados clandestinos y aislamiento que rodea a los presos de la Operación Gedeón no es casual, sino parte de un esquema de castigo ejemplarizante y control político. Recuerdan que, desde el inicio del caso, altos voceros del chavismo, y en particular Diosdado Cabello, han usado el expediente como vitrina para acusar públicamente a oficiales y opositores, incluso a quienes ya estaban tras las rejas, reforzando la idea de que estos detenidos están secuestrados para enviar mensajes de miedo y disciplina interna.
En 2020, en su programa de televisión, Cabello mostró un supuesto cronograma de la Operación Gedeón y señaló con nombre y apellido a varios oficiales como parte de una “Junta Restauradora”, entre ellos al general en jefe Raúl Isaías Baduel, al general Armando Hernández Da Costa y al teniente coronel Igbert Marín Chaparro, todos ya presos. A partir de esa exposición, las familias denunciaron que el trato hacia ellos se endureció todavía más, con restricciones extremas a las visitas, incomunicación prolongada y castigos que exceden cualquier estándar legal, lo que alimenta la percepción de que se trata de un grupo castigado personalmente desde la cúpula del poder.
Hoy, los parientes de los 32 detenidos trasladados al Fuerte Guaicaipuro afirman que algo similar ocurre con ellos: aseguran que son usados como “moneda de cambio” y como mensaje ejemplarizante, más allá de sus condenas y procesos. Señalan que los traslados se hicieron sin notificación previa, que pasaron meses sin saber dónde estaban, que solo lograron confirmar la “fe de vida” después de insistir ante instancias oficiales y que ahora dependen de llamadas desde el propio fuerte para poder enviar antibióticos, sueros, vitaminas y comida, ante un Estado que no garantiza condiciones mínimas de salud.
En comunicados recientes, las familias reclamaron que los procesados permanecen sin un proceso judicial transparente, con audiencias diferidas, acceso limitado a la defensa y sin un régimen regular de visitas, en abierta violación de garantías básicas. Denuncian que lo que comenzó como una causa penal vinculada a una fallida incursión armada se ha transformado en una cadena de castigos políticos que se prolonga en el tiempo y que apunta a quebrar tanto a los presos como a su entorno.
Por todo ello, los allegados de los detenidos por la Operación Gedeón exigen que se levante el cerco de incomunicación, que se permita la entrada de una comisión médica independiente —por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional— para evaluar el estado de salud de los reclusos y que se regularicen las visitas de familiares y abogados. También piden que sean trasladados a centros de reclusión en sus regiones de origen, con condiciones que permitan garantizar su alimentación y tratamiento médico, y responsabilizan directamente al Estado venezolano por cualquier deterioro adicional en su integridad física y psicológica.
Mientras tanto, la etiqueta de “rehenes” que usan los familiares para describir a los presos del caso Gedeón resume la dimensión política que ha tomado el expediente. No se trata solo de hombres condenados o acusados en un proceso cuestionado, sino de símbolos de un conflicto de poder en el que nombres como el de Diosdado Cabello han quedado asociados, para sus allegados, a decisiones que se toman lejos de los tribunales y mucho más cerca de los círculos de mando del régimen.