En Venezuela, el silencio ya no se impone solo con patrullas y tribunales, sino también con routers, DNS, órdenes administrativas y pantallas que no cargan nunca la página que el ciudadano intenta leer. En los últimos años, y con especial intensidad desde 2024, el Estado ha levantado una arquitectura del silencio digital en la que se combinan bloqueos selectivos, censura de contenidos incómodos, sabotaje a herramientas para evadir la censura y una colaboración cada vez menos disimulada de las principales empresas de telecomunicaciones.
El resultado es un ecosistema donde informarse libremente se ha vuelto un ejercicio de resistencia cotidiana, especialmente para quienes dependen de Cantv y de los grandes proveedores privados de internet. Ciberactivistas y ONG especializadas como VE Sin Filtro han documentado centenares de episodios en los que, de manera deliberada, se bloquean medios independientes, plataformas de denuncia, herramientas de comunicación cifrada e incluso servicios diseñados precisamente para sortear la censura.
Ana, una vida entera y una pantalla en blanco
La radiografía de ese silencio digital se entiende mejor con historias concretas como la de Ana Castellanos, una tachirense de 56 años que pasó dos décadas trabajando como camarera y personal de seguridad en el aeropuerto de La Fría. Enterró a su esposo, crió sola a sus hijos en uno de los estados más golpeados por la migración, los apagones y la violencia, y vio cómo Táchira se convertía en un laboratorio de control de frontera… también en lo digital. Cuando intenta leer noticias en su teléfono, muchas veces la respuesta es la misma: “Esta página no se puede mostrar”. Ana no sabe de DNS ni de VPN, pero sí siente en carne propia que cada vez le cuesta más enterarse de lo que pasa más allá del filtro oficial.
Detrás de esa pantalla en blanco hay decisiones técnicas muy concretas. Informes de VE Sin Filtro y otras organizaciones han dejado claro que los bloqueos no son “fallas” aleatorias, sino medidas deliberadas aplicadas por los principales proveedores de internet bajo la sombra de Conatel, dirigidas a callar voces críticas y a dificultar el trabajo de periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Bloqueos a medios, ONG y herramientas para esquivar la censura
Un informe publicado en 2025 por VE Sin Filtro detalló que al menos 134 sitios web están siendo bloqueados en Venezuela por los principales servicios de internet, incluyendo 60 medios de comunicación, decenas de páginas de organizaciones de la sociedad civil y plataformas de comunicación cifrada. No se trata solo de portales de noticias: también han sido objeto de bloqueo redes sociales, servicios de mensajería segura y herramientas específicamente destinadas a evadir la censura, como VPN y redes privadas.
El mismo reporte alertó que 30 sitios web y 32 dominios vinculados a VPN han sido bloqueados en el país, junto a 32 servidores DNS públicos que permitían a los usuarios modificar sus configuraciones para saltarse las restricciones. En total, se han registrado 98 eventos de bloqueo contra 32 direcciones IP de 15 empresas de servidores DNS, afectando directamente a quienes usaban estos servicios para acceder a contenido censurado.
Entre enero de 2016 y enero de 2025, VE Sin Filtro documentó 1.335 eventos de bloqueo ejecutados por los principales prestadores de internet en el país, de los cuales 949 seguían activos, impidiendo el acceso a esos 134 sitios, incluidos 60 medios independientes. Solo en enero de 2025 se bloquearon de forma intermitente 32 DNS públicos —en su mayoría por parte de Cantv—, dejando prácticamente sin conexión utilizable a quienes dependían de esas puertas de salida para sortear la censura.
Conatel, Cantv y las telefónicas: la “tranca” coordinada
Una pieza clave de esta arquitectura es el rol del Estado como regulador y como operador. VE Sin Filtro denunció en enero de 2025 que Cantv, la empresa estatal de telecomunicaciones, bloqueó por tres días consecutivos más de 40 servicios DNS públicos, entre ellos Google (8.8.8.8) y Cloudflare (1.1.1.1), obligando a muchos usuarios a volver a la configuración por defecto del proveedor. Esas acciones se repitieron varias veces en cuestión de días, como si se tratara de ensayo y error para perfeccionar el cerrojo digital.
El mismo reporte señala que, por orden de Conatel, se han bloqueado en el país 60 páginas de noticias y medios independientes, 8 páginas de activismo y derechos humanos, la red social X (antes Twitter), la aplicación de mensajería Signal y páginas de 22 servicios de VPN y Tor. A esa lista hay que sumar los bloqueos contra TikTok, que se extendieron durante días a través de proveedores como Movistar, Digitel, Inter, Airtek, Vnet, Gnetwork, Cantv, NetUno y Supercable.
Investigaciones periodísticas internacionales han señalado, además, la “colaboración silenciosa” de grandes empresas como Telefónica-Movistar con el régimen de Maduro para aplicar bloqueos y filtros a sitios incómodos. En la práctica, lo que ve el usuario es que, sin importar si se conecta por Cantv, por un cableoperador local o por una telefónica privada, la página crítica o el portal de denuncia simplemente no abre.
Silenciar la política: elecciones, resultados alternativos y control civil
La censura digital no se limita a temas generales; se agudiza en momentos políticos clave. El informe que documenta el bloqueo de 79 nuevos sitios y servidores DNS en un solo período advierte que, entre los objetivos más preocupantes, estaban plataformas que difundían resultados electorales alternativos, en particular aquellas que publicaban datos basados en actas recogidas por la oposición democrática.
Al eliminar estos espacios, se impidió que los ciudadanos pudieran comparar fuentes y verificar de manera independiente los resultados oficiales, reforzando la opacidad de procesos ya cuestionados. En paralelo, se han bloqueado páginas dedicadas al monitoreo de comicios y a la observación ciudadana, lo que cierra aún más el espacio digital para la transparencia electoral.
Todo esto se inserta en una estrategia más amplia de control civil, descrita por investigaciones como “La bóveda de cristal”, que detallan cómo el chavismo convirtió la identidad digital —carnet de la patria, bases de datos, sistemas de escaneo y plataformas de servicios— en un arma para vigilar, premiar o castigar a la población. La censura en internet es el complemento perfecto: se controla qué ve la gente, qué puede decir y qué herramientas tiene para organizarse.
Un país entre la censura y la creatividad para romperla
En este contexto, Venezuela aparece hoy entre los países con mayores restricciones digitales de la región, con “cifras alarmantes” de censura según organizaciones especializadas. Sin embargo, al mismo tiempo ha surgido una cultura de resistencia digital: uso de VPN menos conocidos, cambio constante de DNS, canales de Telegram para compartir proxies, redes de mensajería alternativa y, sobre todo, el viejo boca a boca que sigue vivo en mercados, autobuses y barriadas.
La arquitectura del silencio digital busca que el país se quede a oscuras, pero también ha evidenciado que, por más que apaguen servidores y bloqueen direcciones, la gente sigue intentando encender su propia linterna informativa, aunque sea con datos prestados, capturas reenviadas o páginas que se abren al tercer intento. En esa fricción diaria —entre un régimen que censura y una ciudadanía que insiste en enterarse— se juega hoy buena parte de la libertad de expresión en Venezuela.